La Procuraduría General de la Nación bajó el martillo contra varios funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio. El organismo de control los sancionó por extralimitarse en sus funciones durante visitas administrativas que realizaron entre el 12 y el 21 de marzo de 2024 a la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con sus fondos rotatorios.

El caso es preocupante porque estos funcionarios, bajo la denominación de "El Despacho", solicitaron acceso a dispositivos móviles tanto personales como institucionales con el propósito de extraer información sensible. Lo grave es que los datos recolectados iban mucho más allá de lo que justificaba la investigación original, que versaba sobre presuntas irregularidades en procesos contractuales. Entre los datos extraídos había censos electorales, historiales clínicos y procesos judicales. Una violación clara a derechos fundamentales como la intimidad y el derecho al habeas data.

Francisco Melo Rodríguez, quien en esa época se desempeñaba como superintendente delegado para la protección de la competencia, resultó siendo uno de los principales sancionados. Fue suspendido e inhabilitado por 12 meses. Junto a él cayeron otros funcionarios como Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso, quienes recibieron suspensiones e inhabilidades de nueve meses.

Los contratistas involucrados en estas actuaciones tuvieron un trato distinto pero igualmente severo. La Procuraduría les impuso multas por 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes y los inhabilitó para contratar con el Estado durante cinco años. Una medida que busca evitar que vuelvan a tener oportunidad de participar en procesos públicos después de haber vulnerado la confianza.

La Procuraduría fue enfática al señalar que estas actuaciones podrían traer consecuencias graves para asuntos de reserva legal, especialmente en temas tan delicados como procesos de extradición, refugio y manejo de información digital clasificada. El mensaje es claro: los funcionarios públicos no pueden actuar por su cuenta ni extralimitarse bajo ninguna circunstancia, sin importar qué investigación estén adelantando.