En una decisión que genera inquietud sobre los límites del poder administrativo, la Procuraduría sancionó esta semana a 16 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio por el manejo irregular de unas visitas que realizaron a la Registraduría y la Cancillería durante marzo de 2024. Según un fallo de 215 páginas al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, los inspectores de la SIC, encabezados por grupos de auditoría forense y seguridad digital, se propusieron revisar contratos con Thomas Greg & Sons, la empresa que ha provisionado pasaportes colombianos durante más de 17 años y que ha sido blanco de críticas del Gobierno.

Lo preocupante no es la investigación en sí, sino cómo se llevó a cabo. Los funcionarios de la SIC pidieron acceso a celulares "tanto institucionales como personales" de altos directivos de la Registraduría y realizaron lo que en términos técnicos se conoce como "espejos forenses", que son copias digitales completas del contenido de los dispositivos. Entre los afectados estaban Cielo de la Consuegra, registradora auxiliar de gestión; Nohora Mendoza, gerente administrativa y financiera, y Jairo Chivará, registrador delegado para lo operativo.

El núcleo del problema está en que durante estas diligencias extrajeron información altamente sensible que nada tenía que ver con los contratos que supuestamente investigaban. Dentro de esos equipos había datos sobre el Censo Electoral de los colombianos, historiales clínicos y situaciones judicales de ciudadanos en el exterior. Según el fallo, "se afectaron derechos fundamentales" al acceder a esta información. Los funcionarios de la Registraduría argumentaron que la SIC se extralimitó en sus competencias al revisar dispositivos que no guardaban relación alguna con lo que investigaban.

La defensa de los acusados intentó argumentar que en las actas oficiales no consta que se haya solicitado información del censo electoral, pero el fallo encontró evidencia de lo contrario. Además, los mismos funcionarios de la SIC alegaron tener facultades para acceder a toda la información, reservada o confidencial, siempre que la mantuvieran bajo custodia estricta.

No fue solo un asunto técnico. La Confederación General del Trabajo presentó denuncias adicionales en las que relata que los inspectores de la SIC "se extralimitaron en sus funciones maltratando a algunos de los trabajadores" de la Registraduría. Se describe una "presunta actitud amenazante" e incluso situaciones como "tomar un celular personal de una funcionaria para retenerlo y tomarle una copia de su información, sin dar explicaciones", lo que fue catalogado como una "actitud abusiva".

Como resultado, Francisco Melo, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, fue inhabilitado por un año para ejercer función pública además de pagar una multa. Otros nueve funcionarios recibieron sanciones que incluyen inhabilitaciones de nueve meses y suspensiones. En total, se castigó a Mario Alejandro Franco, Martha Liliana Fandiño, Yolanda Hernández Alonso, Mercy Lorena Agamez, Daniela Alvarado, Robert Alexis Núñez, Jessica Juliana Ortega, Daniel Leonardo Muñoz, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez, Douglas Fernando Moreno, Noemí Rodríguez, Karen Angulo Sogomaso, Miguel Moreno Reina y Juan Pablo Martínez Cortés. Las fallas fueron calificadas como graves y cometidas a título de dolo, es decir, con intención deliberada.