El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres abre un nuevo frente de incertidumbre política. La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a Wadith Manzur, senador del Partido Conservador, y a Karen Manrique, representante a la Cámara, de presunto cohecho impropio. Pero la complicación es que ambos resultaron elegidos nuevamente en los comicios legislativos del 8 de marzo, y ahora nadie tiene claro qué sucederá con sus curules mientras enfrentan proceso judicial en libertad restringida.

Según la investigación del alto tribunal, durante el segundo semestre de 2023 se realizaron reuniones entre legisladores y funcionarios del Ministerio de Hacienda. El propósito habría sido que los congresistas obtuvieran conceptos favorables en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para aprobar operaciones de crédito del Gobierno. A cambio de ese respaldo político, presuntamente recibieron ofrecimientos relacionados con contratos y proyectos financiados a través de la UNGRD en regiones como Córdoba, Arauca y Bolívar. En varios encuentros se definieron montos y condiciones de los beneficios, lo que fundamenta la acusación por cohecho impropio.

El dilema jurídico que ahora enfrenta el sistema político es complejo. Si Manzur y Manrique permanecen privados de la libertad cuando se instale el nuevo Congreso el 20 de julio, podría aplicarse la figura de la "silla vacía", un mecanismo constitucional que sanciona a los partidos políticos. Esta medida impide que la colectividad reemplace al congresista investigado, dejando la curul vacante durante todo el período legislativo. En el caso de Manzur afectaría al Partido Conservador en el Senado, mientras que Manrique ocupa una curul especial de paz en la Cámara.

La silla vacía fue incorporada al ordenamiento colombiano mediante el Acto Legislativo de 2009, como respuesta a los escándalos de parapolítica. Se aplica cuando hay investigaciones por delitos graves como corrupción contra la administración pública, vínculos con grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la participación democrática o crímenes de lesa humanidad. El cohecho impropio, por el cual están siendo acusados ambos congresistas, entra en esta categoría.

Mientras la Corte Suprema continúa avanzando en la investigación, la conformación del próximo Congreso permanece en suspenso. No se trata solo de implicaciones penales para los involucrados, sino de decisiones que impactarán la representación política del país en el legislativo que comienza funciones en menos de dos meses.