Para Andrés Mercado cada visita a la farmacia es una apuesta al azar. Unas veces regresa a su hogar con todos los medicamentos que necesita, otras con solo parte de ellos y en ocasiones con las manos vacías. Mercado requiere orsilat para controlar la grasa en sus alimentos debido a su sobrepeso y presión arterial elevada, pero la disponibilidad es incierta. Su experiencia refleja un problema mucho más amplio que agobia al sistema de salud colombiano: miles de personas tienen dificultades para acceder de manera oportuna a medicamentos, citas especializadas y tratamientos. La Defensoría del Pueblo ha calificado esta situación como una que "ha cruzado límites inhumanos" e "inadmisible", especialmente tras casos como el de una mujer adulta mayor en Cúcuta que falleció esperando sus medicinas en un dispensario de Nueva EPS. Como señaló la Defensoría: "La realidad muestra que en nuestro sistema, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales".

El dilema de Andrés, sin embargo, toca un aspecto específico de esta crisis. Se trata de los presupuestos máximos, una figura creada en 2020 durante el gobierno de Iván Duque para financiar medicamentos, tecnologías y tratamientos que quedan por fuera del plan de beneficios en salud. Este plan cubre alrededor del 91 por ciento de los servicios que todos los colombianos pueden recibir y se paga a través de la unidad de pago por capitación. El nueve por ciento restante corresponde a enfermedades raras, huérfanas, crónicas y de alto costo, cuyos tratamientos son más escasos y costosos. Para financiar esto, el Estado asigna recursos aparte mediante los presupuestos máximos. Como explica el investigador en economía de la salud Julio Mario Orozco: "antes de que se crearan los PM, era algo discrecional del Minsalud decidir qué financiaba y qué no dentro del PBS, entonces creó una lista que atenciones no cubiertas con la plata anualmente definida para la UPC".

El quid del asunto está en cómo se distribuye la plata para 2026. El Ministerio proyectó una bolsa de 4,48 billones de pesos para estos presupuestos máximos. No obstante, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud, la Adres, aprobó inicialmente solo 2,87 billones, lo que representa apenas el 64 por ciento de lo estimado. Peor aún, la mayoría de esos recursos irán a cancelar deudas pendientes de años anteriores. De los 2,87 billones, aproximadamente 1,85 billones cubrirán ajustes adeudados, dejando poco más de 1 billón fijo para 2026. Esto es preocupante si se considera que, históricamente, estos presupuestos rondan entre 4 y 5 billones anuales, lo que implica un gasto mensual cercano a 375 mil millones de pesos. Con lo disponible hasta ahora, la plata apenas alcanzaría para menos de tres meses.

La Adres salió al paso de estas críticas el lunes pasado, negando que exista insuficiencia presupuestal. La entidad aseguró que los presupuestos máximos "se asignan en enero, con una partida inicial aprobada por el Ministerio de Hacienda" y que desde febrero se realizan "adiciones presupuestales" y "reajustes progresivos" determinados junto con los ministerios de Salud y Hacienda "hasta cubrir el total de la necesidad anual". Según la Adres, esto es conocido por los actores del sistema. De hecho, mostró que en 2025 la asignación inicial fue de 0,5 billones pero cerró en 2,39 billones tras las adiciones. "La apropiación inicial es superior a los años anteriores. Por lo demás, la Adres ha girado lo establecido por el Ministerio de Salud siempre de manera oportuna", afirmó.

Sin embargo, expertos advierten sobre los riesgos de este sistema. Julio Mario Orozco señala que "las adiciones comenzaron desde que entró Félix Martínez, pues ellos van trabajando con el método del tanteo con cifras bajas" y asegura que ello genera respuestas políticas: "Es cuando empiezan los reclamos y las quejas de pacientes y asociaciones de usuarios de enfermedades de alto costo que comienzan a poner más recursos. Lo manejan con un criterio político y no técnico". Una fuente del sector salud explicó que aunque esto ha ocurrido en años recientes, incumple principios básicos de manejo de recursos públicos como la anualidad (usar la plata solo en su año), universalidad e especificidad. Esto ha generado incertidumbre entre las EPS, laboratorios y distribuidores, afectando el flujo de pagos y obligando a algunos a endeudarse para surtir medicamentos mientras llegan los reembolsos.

El asunto se complica porque la Corte Constitucional ya ha intervenido dos veces. En 2023 y 2024, el tribunal ordenó al Ministerio crear una metodología clara para los presupuestos máximos y pagar deudas específicas de 2022 que rondaban 819 mil millones de pesos. El incumplimiento inicial de estas órdenes derivó incluso en un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Jaramillo en enero de 2025. El economista de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, explica que los presupuestos máximos nacieron para frenar el gasto descontrolado de servicios por fuera del plan básico, pero "el problema con el Gobierno actual es la forma en cómo lo ha ido pagando, que generan problemas de liquidez a las aseguradoras".

En paralelo, el Ministerio destina 4,45 billones para infraestructura hospitalaria y promoción de la salud. Esta cifra es inédita comparada con gobiernos anteriores: en el de Duque se invirtieron 1,04 billones, mientras que desde 2022 van 16,7 billones. Se trata de una prioridad del gobierno Petro hacia lo que era el modelo antes de 1993, basado en hospitales públicos, en lugar del sistema actual de aseguramiento privado. El dilema es que ambas necesidades financieras generan presión sobre el presupuesto de salud, dejando en el aire la pregunta de qué sucederá cuando febrero llegue y los medicamentos de Andrés Mercado y miles como él dependan de que esas adiciones prometidas efectivamente lleguen.