La Cámara de Representantes dio un paso decidido en la lucha contra uno de los flagelos más duros que ha enfrentado la infancia colombiana. Aprobó una ley que endurece drásticamente los castigos para quienes reclutan o utilizan menores de edad en actividades criminales y grupos armados. El proyecto, impulsado por el presidente de la corporación Julián David López Tenorio, lleva dos años en trámite legislativo y finalmente logró el respaldo de diferentes sectores políticos.

Lo más contundente de esta nueva normativa está en los números. Quien reclute a un menor ya no pagará con 13 años de cárcel como ocurría antes. Ahora la pena máxima llegará a 50 años de prisión. En cuanto a quienes instrumentalicen menores para cometer delitos, la condena podrá alcanzar 45 años, cuando antes la sanción máxima era apenas de 10 años. López Tenorio lo expresó sin rodeos: "Hoy solamente pagaban 10 añitos. Pues no, señor, lo vamos a condenar hasta 45 años".

Pero la ley no solo trata de castigar más fuerte. También apunta a la prevención. Obliga a entidades como el Ministerio TIC, RTVC, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo a diseñar protocolos que impidan el reclutamiento a través de redes sociales y plataformas digitales. Es un reconocimiento de que los criminales también caceadores de menores en internet. El presidente de la Cámara advirtió sobre esto: "Muy cuidado con esto, para que desde las plataformas digitales, entiéndanse las redes sociales, puedan tener un control y no se nos reclute los menores por allí".

La norma también crea un Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores, una instancia que se encargará de recopilar información y fortalecer las acciones de seguimiento y prevención en todo el país. Todo esto responde a una realidad que López Tenorio describió como alarmante. Según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz, en los últimos años han sido reclutados cerca de 20.000 menores en Colombia. El congresista fue claro al respecto: "Son 20.000 sueños y vidas y familias que quedaron atormentadas con este flagelo".

Un aspecto importante que el presidente de la Cámara quiso dejar bien claro es que esta ley no castiga a los niños y adolescentes víctimas de reclutamiento. Los castigos van exclusivamente contra los adultos responsables. "No para los menores de ninguna manera. Para las personas mayores de edad que recluten menores", enfatizó López Tenorio. La ley busca proteger, no criminalizar a quienes ya son víctimas.

Para López Tenorio, este endurecimiento de penas también representa un mensaje de Colombia ante la comunidad internacional, que ha catalogado el reclutamiento de menores como un crimen de lesa humanidad. El congresista describió sin eufemismos lo que pretende evitar: "Estas personas cogen un menor, lo ponen a delinquir, lo ponen de campanero en una esquina y, lo peor de todo, le ponen un fusil en el hombro para que vaya a combatir en una guerra que no les pertenece".