Mientras que los colombianos eligen directamente a su Presidente y sus congresistas, los magistrados de las altas cortes llegan a esos cargos por un camino distinto: mecanismos de designación entre instituciones del Estado, sin que el ciudadano de a pie vote en tarjetón. Esto no es casualidad. Detrás hay una intención clara: mantener separadas dos cosas que no deberían mezclarse.

La lógica es sencilla. El Congreso y la Presidencia gobiernan con base en mayorías y en proyectos políticos que la gente respalda en las urnas. Las altas cortes tienen otra misión completamente distinta. Ellas están para aplicar la Constitución, resolver conflictos entre ramas del poder y proteger derechos, incluso cuando una decisión moleste a muchos o vaya contra lo que la mayoría quiere en ese momento. La legitimidad de un juez no viene de una campaña electoral sino del nombramiento serio que hace la institución y de las reglas que enmarcan su trabajo.

Actualmente, cada corte funciona con su propio sistema. La Corte Constitucional se elige en el Senado a partir de ternas que presentan distintas autoridades del Estado. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se integran mediante una elección interna entre sus miembros, basada en listas de elegibles que viene del sistema de gobierno y administración judicial.

Los argumentos para mantener este sistema de designación se apoyan en tres pilares. Primero, la independencia: evitar que un juez quede amarrado a un partido político, a sus financiadores o a las máquinas electorales. Segundo, la imparcialidad: reducir los incentivos para que un magistrado ajuste sus fallos pensando en lo que gana o pierde electoralmente. Tercero, la idoneidad profesional: asegurar que los cargos se llenan con gente que cumple trayectorias y requisitos exigentes, definidos por reglas claras, y no por quién consigue más votos o más publicidad.

Pero hay quienes argumentan que debería cambiar. Si se abriera a voto popular, toda la lógica se transformaría. Entraría en juego la financiación electoral, la publicidad, la organización territorial, las alianzas políticas. Los jueces tendrían que regular cómo se gastan los recursos, cómo se vigilan los intereses privados, qué inhabilidades existirían. Y lo más importante: cambiaría la relación entre el juez y los actores que participan en campañas. El debate que viene es, en el fondo, sobre qué queremos que sea la justicia en Colombia.