Desde hace más de cuarenta años, Colombia ha intentado cerrar un acuerdo de paz con el ELN sin lograrlo. El problema no es simplemente falta de voluntad política de los gobiernos. La verdadera dificultad está en las entrañas de esa organización guerrillera: su forma de funcionar internamente, con una comandancia nacional pero también con frentes de guerra regionales que tienen mucha autonomía, hace casi imposible alcanzar un pacto que comprometa a toda la estructura.

Los primeros intentos de negociación empezaron en los años ochenta con Belisario Betancur. Luego hubo otros esfuerzos durante los gobiernos de César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Con Santos incluso se llegó a anunciar una agenda de seis puntos en 2016 que hablaba de participación de la sociedad, democracia para la paz, transformaciones, víctimas, fin del conflicto e implementación. Esa misma agenda fue retomada por Gustavo Petro en 2022. Pero en todos los casos, las conversaciones no cerraron en un acuerdo final.

El nudo del problema está en cómo está organizado el ELN por dentro. La guerrilla tiene un Comando Central llamado COCE y una Dirección Nacional, pero también funciona a través de frentes de guerra que controlan territorios específicos en el país. Eso significa que cuando se sienta a negociar la Mesa Nacional de diálogos, los mandos regionales pueden tener sus propios intereses, sus economías ilegales, su control territorial y hasta visiones distintas sobre lo que debe pasar. La Fundación Ideas para la Paz ha señalado exactamente esto: que el ELN es una guerrilla descentralizada con varios grupos de poder que no siempre están de acuerdo con lo que decide el COCE.

Con Petro hubo un avance que parecía importante: en 2023 se logró pactar un cese al fuego bilateral. El decreto estableció que entraría en vigor el 3 de agosto de 2023 y sería vigilado por un mecanismo que incluía al Gobierno, al ELN, la Conferencia Episcopal y la ONU. Pero la negociación volvió a caer en crisis. Uno de los puntos más delicados fue el caso del Frente Comuneros del Sur en Nariño, que se separó del ELN central y el Gobierno lo trató diferente. Ese evento demostró los límites reales de la unidad dentro de la organización.

En enero de 2025, Petro decidió suspender los diálogos. La razón fue la escalada de violencia en el Catatumbo, donde acusó al ELN de cometer crímenes de guerra. Para mayo de 2026, la mesa seguía paralizada, mientras el ELN proponía llegar a un acuerdo nacional con el próximo gobierno que llegue al poder.

El desafío de fondo permanece sin resolver: Colombia no solo tiene que negociar con una comandancia central. También necesita garantizar que esa comandancia pueda comprometer a sus frentes regionales. Si no existe esa unidad real de mando, cualquier acuerdo termina siendo apenas un papel mojado o genera nuevas divisiones dentro de la propia guerrilla.