Después de cinco años de espera, la Procuraduría General de la Nación tomó una decisión que muchas familias esperaban: destituyó e inhabilitó por 16 años al patrullero Álvaro José Guerra Ríos, miembro del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), por usar exceso de fuerza durante las manifestaciones del 5 de mayo de 2021 en Suba, Bogotá. La sanción fue confirmada por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento tras comprobar que el uniformado violó los principios básicos que debe respetar cualquier policía: legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Lo que ocurrió ese día en las inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali y la avenida Suba marcó la vida de Sara Valentina Cárdenas y su madre Sandra Pérez para siempre. Ella vio cómo tres uniformados se acercaban a su madre y gritó pidiéndoles que no les hicieran nada. Momentos después, sintió un fuerte ardor en su ojo izquierdo. En cuestión de minutos, perdió la visión. Un video que circuló en redes sociales mostró al agente del Esmad disparando contra la madre y la hija. Fue ese material audiovisual, junto con declaraciones de otros policías que participaron en la operación y peritajes de expertos en armas, lo que permitió identificar al patrullero responsable.

La historia de Sara Valentina es una de las más crudas del estallido social de 2021, pero no es la única. Su familia denunció que durante el proceso disciplinario enfrentó serios obstáculos. "Durante las audiencias, nuestro apoderado fue silenciado, impidiendo intervenir para garantizar nuestra defensa y protección como víctimas. Desde el exilio pedimos que nos escuchen", afirmó Sandra Pérez a Noticias Uno tras conocer la decisión. La joven y su familia tuvieron que abandonar Colombia hacia Noruega por amenazas y hostigamientos, donde ella continúa requiriendo atención médica y acompañamiento psicológico.

Las lesiones oculares se convirtieron en uno de los símbolos más dolorosos de esos meses de protesta. Organizaciones como Grita y Temblores documentaron 103 víctimas de lesiones oculares presuntamente causadas por la fuerza pública entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021. La sanción a Álvaro José Guerra Ríos, aunque tardía, marca un precedente en un país que aún busca justicia por lo que pasó durante el estallido social.