Policía de Infancia en el ojo del huracán: concejal denuncia que obligan a uniformados a pagar reparaciones

El concejal Leandro Castellanos denunció este jueves que policías del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana están siendo presionados para sacar dinero de su bolsillo y reparar patrullas oficiales. La denuncia incluye irregularidades administrativas y sobrecarga laboral que afectaría la protección a menores en Bogotá. La Policía rechazó los señalamientos asegurando que el 75 por ciento de sus 32 vehículos está operativo.
Una tormenta de denuncias golpea al Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bogotá. El concejal Leandro Castellanos presentó este jueves acusaciones serias contra la institución, asegurando que uniformados le reportaron no solo irregularidades administrativas y jornadas agotadoras, sino algo que califica como particularmente grave: presiones para que los propios agentes sacaran plata de sus bolsillos con tal de reparar las patrullas oficiales.
El cabildante no dejó pasar la oportunidad de expresar su indignación ante lo que considera un abuso hacia quienes visten el uniforme. "Que un policía tenga que pagar por arreglar una patrulla es una vergüenza institucional", afirmó Castellanos, quien pidió que tanto la Procuraduría como la Contraloría intervengan en el caso. Para el concejal, esta situación está minando la capacidad de respuesta de la Policía a la hora de proteger a niños, niñas y adolescentes en la capital.
Sin embargo, la Policía Metropolitana no se quedó callada. La institución emitió un comunicado rechazando de plano los señalamientos sobre una supuesta crisis generalizada en el grupo especializado. Según la respuesta oficial, el grupo cuenta con 32 vehículos, de los cuales 24 están funcionando actualmente, lo que representa el 75 por ciento. Los 8 restantes, aclaró la Policía, están en ciclos de mantenimiento preventivo y no abandonados.
La institución fue contundente en su defensa: "Las afirmaciones sobre un abandono institucional no corresponden con la realidad operativa". Así desmintió directamente la versión que plantea el concejal sobre la gravedad de la situación.
Ahora el debate queda en manos de los organismos de control. Mientras Castellanos insiste en que "Bogotá no puede gobernarse solo con cifras", la Procuraduría y la Contraloría deberán investigar si detrás de las presuntas presiones económicas denunciadas hay conductas delictivas que perseguir. Por ahora, lo único claro es que hay una palabra contra otra, y la verdad sobre lo que está pasando en esa unidad especializada sigue siendo un misterio que necesita aclararse.
Fuente original: La Guajira Noticias



