El viernes 22 de mayo quedó marcado por un encuentro inusual en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia: el presidente Gustavo Petro se vio cara a cara con uno de sus más fieros críticos políticos, el senador de la Alianza Verde Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe. La audiencia, convocada por el magistrado César Reyes en la Sala Especial de Instrucción, se extendió más de dos horas en un ambiente que, aunque fue cordial, no produjo el resultado que esperaba el mandatario.

La intención era buscar una solución entre las partes, pero eso simplemente no sucedió. Petro llegó acompañado de su abogado Alejandro Carranza, quien tenía una petición clara: que Jota Pe se retractara públicamente de sus acusaciones. Aunque también estaban involucrados en la denuncia los congresistas Lina Garrido y Miguel Polo Polo, estos no asistieron a la diligencia.

Todo este lío judicial comenzó a inicios de 2026, cuando el presidente radicó una denuncia contra los tres legisladores. El motivo fueron publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas donde vinculaban a Petro con delitos graves como narcotráfico, fraude y traición. Además, lo acusaban de ser responsable de muertes de soldados, policías y civiles. Las acusaciones en la denuncia incluyen injuria, calumnia, hostigamiento agravado e instigación a la guerra, entre otras. Una parte particularmente sensible para el Ejecutivo fueron mensajes que sugerían una intervención de Estados Unidos en Colombia y comentarios que tildaban al presidente de "extraditable".

El abogado Carranza argumentó que era fundamental que los congresistas se retractaran para proteger la "institucionalidad y la soberanía nacional", considerando inaceptable que un legislador pidiera la intervención de un poder extranjero en asuntos internos del país. Sin embargo, Jota Pe no se movió de su posición. El senador se ratificó en todas sus declaraciones, negó haber cometido delito alguno y dejó claro que no tenía intención de retractarse. Para él, sus acciones, incluyendo solicitudes a autoridades estadounidenses para investigar al mandatario, buscan demostrar que "nadie está por encima de la ley".

Con el fracaso de la conciliación, el proceso penal quedará en manos de la Corte Suprema. Ahora le corresponde a la Sala Especial de Instrucción evaluar todas las pruebas y argumentos presentados por ambas partes para determinar si existen méritos suficientes y formular una acusación formal contra los congresistas. El pleito judicial que enfrentaba al presidente con sus críticos seguirá su curso normal ante los tribunales.