Lo que comenzó como un desacuerdo sobre si rechazar ayuda internacional para víctimas de inundaciones se transformó en una pelea sobre quién tiene razón en el mercado eléctrico colombiano. El presidente Gustavo Petro le respondió al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez no solo sobre la emergencia en Córdoba, sino sobre las tarifas de energía. Argumentó que si Empresas Públicas de Medellín (EPM) hubiera seguido la fórmula que proponen el Gobierno y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), "las tarifas serían la mitad". Gutiérrez a su turno explicó que eso no funciona así y que las tarifas en Colombia no las decide un alcalde a su gusto.

Para entender quién tiene razón, necesitamos saber cómo se fijan realmente los precios que usted paga en el recibo de luz cada mes. Resulta que en Colombia esto no es discrecional. Leyes de 1994 establecen que la CREG es la entidad que diseña las fórmulas, y las empresas eléctricas solo pueden cobrar lo que resulta de esas fórmulas. El precio final que llega a su casa incluye seis componentes: generación de la energía, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas reconocidas y restricciones del sistema. Si una empresa como EPM bajara artificialmente sus precios por debajo de sus costos reales, pondría en riesgo su capacidad de mantenimiento e inversión. A largo plazo, eso termina en apagones. Es el clásico dilema: precios baratos hoy o seguridad energética mañana.

El Gobierno propone una nueva fórmula tarifaria que activaría precios más bajos cuando los precios en bolsa suben mucho. Suena bien en teoría: si hay agua abundante en los embalses, la energía cuesta menos, así que usted debería pagar menos. Pero EPM advierte que esa fórmula traería problemas. Dice que este año el precio de la energía en bolsa ronda los $100 por kilovatio hora, mientras que la fórmula del Gobierno se activaría solo cuando supere los $327. Además, esa fórmula crearía penalizaciones para plantas de generación, especialmente las que usan gas importado o combustibles líquidos. Esas penalizaciones desalentarían inversiones en nuevos proyectos de generación, lo que en un sistema que necesita expandirse para satisfacer demanda creciente aumentaría el riesgo de desabastecimiento en momentos críticos, como cuando llega un fenómeno climático severo.

En 2024, el segmento regulado de usuarios residenciales y pequeños comercios representó más del 71% de la demanda nacional. Es decir, cualquier cambio en las reglas afecta directamente a la mayoría de hogares colombianos. Por eso el debate es importante y merece más que consignas políticas. Recientemente, en 2025, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG aprobaron una nueva regulación más exigente en trazabilidad de costos y reportes contables. El objetivo es mejorar eficiencia y competencia con la esperanza de aliviar tarifas. La Superintendencia de Servicios Públicos vigilará que se aplique correctamente.

Gutiérrez defendió además que Hidroituango, el megaproyecto que está completando EPM, aportará cerca del 17% de la energía firme nacional. Eso significa que tendremos más capacidad para evitar racionamientos incluso en momentos críticos como El Niño. "Eso es seguridad energética para millones de colombianos", afirmó. El debate sobre las tarifas existe, pero no es tan simple como decidir que deben ser más baratas. Hay variables técnicas, regulatorias y climáticas en juego. Lo que pague usted mañana en la factura de energía dependerá de cómo se resuelva esta tensión entre lo políticamente deseable y lo técnicamente viable.