El viernes pasado el país quedó en shock cuando el presidente Gustavo Petro pidió oficialmente a la Fiscalía que suspenda las órdenes de captura de 29 miembros del Clan del Golfo, encabezados por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, quien tomó el mando tras la extradición de alias Otoniel. El timing de la decisión generó rechazo inmediato: el anuncio coincidió con el clamor público de una madre de Yarumal pidiendo justicia por su hijo Mateo Pérez Rueda, un periodista asesinado mientras investigaba el conflicto armado en la región. Los responsables de esa muerte tienen nexos con grupos armados que ya han recibido beneficios similares del Gobierno.

Esto no es un hecho aislado. Desde que Petro asumió la presidencia, ha solicitado repetidamente al Ministerio Público suspender órdenes de captura contra criminales de distintas organizaciones. El patrón es claro: designarlos como gestores de paz, blindarlos jurídicamente y permitirles operar bajo la justificación de procesos de negociación. La práctica ha generado tal alarma que incluso dentro de la Fiscalía tuvieron que trazar lo que llamaron una "línea roja": cualquier beneficio para el Clan del Golfo solo funcionaría dentro de Zonas de Ubicación Temporal, territorios definidos por el Gobierno donde supuestamente se concentrarían estos grupos durante las conversaciones de paz.

Pero esa solución planteó más problemas que respuestas. Paula Tobón, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, explicó a El Colombiano que estas zonas "corren el riesgo de convertirse en hitos vacíos". Según ella, según la Ley 2272, estas áreas solo deberían implementarse cuando las negociaciones estuvieran avanzadas, algo que claramente no ocurre con el Clan del Golfo, cuyos líderes aún no han acordado asuntos fundamentales. Lo más grave es la ausencia de una Ley de Sometimiento que le dé certeza legal a criminales como Chiquito Malo sobre su futuro. Sin eso, "difícilmente" líderes de esa envergadura aceptarían concentrarse voluntariamente.

Gerson Arias, también de la Fundación Ideas para la Paz, fue más crudo: calificó como "lógica irresponsable" que el Gobierno avance en estas zonas solo buscando mostrar resultados políticos parciales, dejando al próximo administrador el problema de resolver o gestionar estos procesos. Las Zonas de Ubicación Temporal están ubicadas en Tierralta y Belén de Bajirá en Córdoba, y Unguía en Chocó. Estos lugares no son territorios neutrales: ya son enclaves donde el Clan del Golfo ejerce control político, económico y militar sobre las comunidades. Son corredores estratégicos para el tráfico de migrantes, armas y cocaína hacia Centroamérica.

Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, reveló un dato perturbador: mientras el Gobierno negocia paz con el Clan del Golfo, el grupo se ha expandido territorialmente de forma alarmante. Pasó de tener influencia en 304 municipios durante 2024 a 381 municipios en 2025, conservando capacidad operativa en al menos 23 departamentos. El Clan entendió una estrategia sofisticada: usar el discurso político como arma de guerra. Se presenta como actor dialogante para obtener beneficios judiciales, mientras mantiene intacta su dinámica criminal. Construye lo que Cabezas llama "regímenes de poder": redes de alianzas con mafias internacionales, economías legales e ilegales y bandas subcontratadas que funcionan como outsourcing criminal.

El fenómeno no se limita al Clan del Golfo. La lista de criminales que han recibido blindaje es inquietante. Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, fue escondido por la Dirección Nacional de Inteligencia durante 55 días en un hotel de Bogotá pese a ser extraditable. Cuando esto salió a la luz generó crisis diplomática: Estados Unidos expresó profunda incomodidad y la Corte Suprema detectó la irregularidad. Aun así, el Gobierno lo nombró delegado en la mesa de paz. Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, siguió negociando mientras sus estructuras atacaban la Fuerza Pública, derribando un helicóptero que dejó 13 policías muertos. El Colombiano reveló que bajo la negociación, casi triplicó su pie de fuerza: pasó de 1.400 combatientes en 2023 a 2.958 hoy, un incremento de 111 por ciento.

Los casos se multiplican. Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, recordado como carcelero de Íngrid Betancourt, volvió a las armas tras salir de la JEP y fue buscado por el Gobierno para nuevas negociaciones hasta que la propia JEP lo expulsó. Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas, fue propuesto para suspensión de captura pese a estar señalado del atentado contra la Brigada 30 del Ejército. Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, fue capturado en flagrancia viajando armado dentro de una caravana oficial y el Gobierno lo designó gestor de paz. Hasta antiguos paramilitares como Salvatore Mancuso, deportado desde Estados Unidos, fue nombrado gestor de paz. La lista incluye capos como Macaco, Don Berna y Jorge 40. Esto generó duras críticas porque estos hombres ya habían pasado por procesos de justicia transicional hace casi dos décadas.

La tensión institucional es palpable. La Fiscalía intenta contener los daños; la Corte Suprema ha detectado irregularidades; Estados Unidos ha expresado incomodidad reiterada; y los indicadores de orden público están disparados. Lo que comenzó como una estrategia de negociación se ha convertido en un laberinto de contradicciones donde criminales buscan blindaje jurídico bajo el discurso de la paz, mientras siguen expandiendo su control territorial. El Gobierno, mientras tanto, sigue avanzando sin una Ley de Sometimiento que dé certeza, dejando enclaves territoriales donde el crimen organizado ejerce poder prácticamente sin restricciones.