La controversia sobre cómo manejar los ahorros pensionales de los colombianos llegó a un punto de quiebre dentro del propio Gobierno. Todo comenzó cuando el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente a una decisión del Consejo de Estado que frenó el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones. Su respuesta fue directa: pidió abrir una investigación penal contra el magistrado ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar, acusándolo de actuar a favor de los banqueros en contra de los trabajadores. "Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente", escribió el mandatario en X.

La reacción presidencial encendió las alarmas no solo en círculos políticos y jurídicos, sino también adentro de su propio gobierno. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, salió públicamente a deslindar su posición de la del presidente. Cuervo fue claro: ese no era el camino correcto. Explicó que existen mecanismos legales establecidos para controvertir decisiones de las altas cortes sin necesidad de recurrir a investigaciones penales. "Existe el recurso de súplica", señaló, refiriéndose a las herramientas que tiene el gobierno para cuestionar el fallo. El ministro fue enfático: "No estaba de acuerdo en que esta situación específica se trasladara a una discusión penal. Me parece que esa no es la vía, no resuelve el problema".

Para Cuervo, el problema va más allá de una simple discrepancia legal. Su preocupación es institucional. Advirtió que este tipo de acciones debilitan la relación entre las ramas del poder público y generan desconfianza. "Lo que hace es no generar armonía entre las distintas ramas del poder público", afirmó. El ministro incluso reveló que se comunicó con el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, y con otros presidentes de altas cortes, además de la fiscal general Luz Adriana Camargo, para insistir en la necesidad de mantener equilibrio institucional. Su propuesta fue pragmática: presentar un recurso de súplica bien fundamentado, con jurisprudencia sólida del mismo Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

Sin embargo, después de las críticas, Petro volvió a pronunciarse para defender su postura. El mandatario aclaró que no está persiguiendo jueces ni violando sus derechos fundamentales. Su argumento fue que como ciudadano tiene derecho a denunciar lo que considera irregularidades. "Yo no encarcelo jueces, ni les chuzo sus teléfonos y si se ponen denuncias, como es nuestro derecho ciudadano, es porque no queremos impunidades de cuerpo en ninguna rama del poder público", escribió.

Petro también reiteró su visión sobre el fondo del asunto: los ahorros de los trabajadores que cotizaron a fondos privados deberían poder trasladarse a Colpensiones, el sistema público. Para el presidente, mantener esos recursos en poder de los bancos mientras el Estado asume el costo de pagar las pensiones es injusto y contraría la ley. "En el caso de la negativa de banqueros a devolver el ahorro de los cotizantes, estamos ante una aberración delictual del ordenamiento internacional y nacional contra el ahorro público", señaló. Petro también cuestionó opiniones de algunos jueces en este proceso, sugiriendo que podrían estar prejuzgados a favor de los intereses financieros.

La tensión entre el presidente y su ministro de Justicia refleja una fricción más profunda sobre cómo el Gobierno debe relacionarse con la rama judicial cuando sus decisiones son adversas. Mientras Cuervo apuesta por mantener los canales institucionales y el respeto formal hacia las cortes, Petro insiste en su derecho a cuestionar y denunciar lo que considera fallos injustos. La disputa sobre los fondos pensionales quedó así atrapada en una batalla sobre los límites del poder presidencial y la independencia judicial.