El presidente Petro está tratando de bajar la temperatura en uno de los conflictos más delicados de su administración: cómo manejar el traslado de más de 25 billones de pesos que trabajadores sacaron de los fondos privados de pensiones para pasarse al sistema público de Colpensiones. Para hacerlo, convocó a una reunión con la banca privada donde espera acordar los plazos y mecanismos para que esta transferencia no provoque un colapso financiero.

Lo que está en juego es la plata acumulada durante años por unos 118 mil trabajadores que desde 2024 aprovecharon una "ventana de oportunidad" creada por la reforma pensional del Gobierno. Estos afiliados decidieron cambiar de régimen y ahora sus fondos, incluyendo lo que aportaron, las ganancias generadas y otros valores, deben moverse de un lado a otro. El borrador de decreto del Gobierno ordena que esto suceda en máximo 15 días, pero aquí empieza el conflicto.

El presidente reconoció abiertamente lo que las finanzas ya sabían: un movimiento tan grande y tan rápido puede causar problemas serios de liquidez en los fondos privados. Por eso planteó discutir "mecanismos y cronogramas de pago para evitar choques financieros innecesarios". En otras palabras, el Gobierno sabe que puede haber una quiebra momentánea en el sistema, así que busca estirar los pagos.

Pero Andrés Velasco, presidente de Asofondos (la asociación de fondos privados), no está de acuerdo. Advierte que trasladar la plata ahora a Colpensiones, cuando los trabajadores aún no se pensionan, equivale a que el Gobierno libere recursos para gastarlos en otros lados. Kevin Hartmann, experto en derecho de pensiones, fue más directo: calificó el decreto como "ilegal" porque viola la Ley 2381.

El presidente defendió su posición explicando que mientras la reforma pensional no sea avalada por la Corte Constitucional, la Ley 100 sigue vigente y obliga a que esos recursos vayan a Colpensiones. Además, aprovechó para defender los nuevos impuestos temporales que gravaron al sistema financiero, generadores de energía e hidrocarburos, insistiendo que "no se trata de medidas arbitrarias, sino de instrumentos permitidos en estados de excepción y contemplados en la Ley de Desastres de 2012". Según el Gobierno, esa plata debe reactivas la economía en zonas afectadas.

El debate real, según Hartmann, no es sobre quién es dueño de la plata, sino sobre cómo el Gobierno respalda esos recursos con el tiempo sin quebrar Colpensiones. De momento, Petro busca comprar tiempo hablando con la banca, pero la tensión con los fondos privados sigue al rojo vivo.