El presidente Gustavo Petro dio a conocer desde la Plaza de Bolívar un nuevo decreto que mantiene el salario mínimo legal en $2 millones para 2026. Esta decisión llega después de que el Consejo de Estado ordenara una suspensión provisional de la cifra original, ordenándole al Gobierno incorporar ajustes técnicos. "El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025", indicó el mandatario. El documento, identificado como decreto 0159 de 2026, será remitido nuevamente al alto tribunal para su revisión de fondo.

Para entender qué hay detrás de este aumento del 23%, es necesario descomponerlo. El Gobierno dividió esta cifra en dos componentes. El primero es un 13,6% que se calcula usando los parámetros económicos tradicionales que Colombia utiliza desde hace décadas en la Ley 278 de 1996: la inflación proyectada (5,3%), la productividad laboral (0,91%), y el crecimiento esperado del PIB (2,90%), entre otros indicadores. El segundo componente, del 9,4%, responde a lo que el Gobierno llama "cierre de brecha parcial", un concepto que necesita explicación porque es el punto más polémico de la decisión.

Ese 9,4% busca reducir gradualmente la diferencia entre el salario mínimo que recibe un trabajador y lo que realmente necesita para vivir de forma digna. Aquí entra el concepto de "salario vital": es el ingreso estimado que debe cubrir no solo la supervivencia básica, sino una canasta de vida digna que incluya alimentación, vivienda, salud y educación para el trabajador y su familia. Según estudios de 2024 de la Organización Internacional del Trabajo, el costo de vida de un hogar promedio en Colombia supera lo que actualmente paga el salario mínimo. La brecha total identificada fue del 23%, es decir, que un trabajador recibe 23% menos de lo que necesitaría.

El Gobierno explica que aplicó una fórmula matemática para no actuar de forma arbitraria. Restó los 13,6% de ajuste técnico tradicional a la brecha total del 23%, lo que dejó un residuo del 9,4%. Ese 9,4% es precisamente el componente que el Decreto 0159 incluye para comenzar a cerrar esa brecha. Se denomina "parcial" porque no elimina completamente la diferencia en un solo año, sino que avanza de manera progresiva hacia que los salarios sean suficientes, evitando impactos bruscos en la estabilidad económica y el empleo. Incluso después del ajuste, quedaría pendiente una brecha de aproximadamente 4,54% que podría abordarse en años posteriores.

Los cálculos del Gobierno se basaron en información de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del Dane y en las estimaciones de la OIT. Para un hogar de tres miembros (cercano al promedio colombiano de 2,86 personas según el Dane en 2024), la OIT calculó que el salario vital debería ser de $1.658.957. Al ajustar ese valor por la inflación esperada del 2025, resultó una cifra de $1.750.905, lo que genera un incremento de $327.405 respecto al salario mínimo anterior. Esta es la justificación técnica que el Ejecutivo dice haber incorporado conforme a las observaciones del Consejo de Estado, argumentando que responde a "una traducción operativa de mandatos constitucionales en reglas técnicas verificables" orientadas a garantizar condiciones de vida digna y reducir la desigualdad.