El dilema que enfrenta ahora el Consejo de Estado es inédito en Colombia. Cuando la corte suspendió el decreto original de salario mínimo de 2026, pidió al Gobierno que siguiera reglas claras: aplicar todos los criterios económicos y constitucionales contemplados en la Ley 278 de 1996, la misma que históricamente se usa para calcular estas alzas considerando inflación y productividad laboral. El presidente Petro respondió con el Decreto 0159, manteniendo el aumento en 23%, pero aquí está el nudo del problema: ¿realmente siguió las instrucciones que le dieron?

Camilo Cuervo, abogado experto en el tema, lo ve claro: "el presidente Petro optó por desacatar materialmente la decisión del Consejo de Estado a pesar de que formalmente la acepta". El argumento es técnico pero relevante para tu bolsillo. El Gobierno desglosó ese 23% en dos partes: primero vino un 13,6% que sí responde a los factores que la ley menciona, como debe ser. Pero luego agregó un 9,4% adicional justificándolo como un "cierre de la brecha parcial con el salario vital", es decir, un concepto que busca garantizar condiciones dignas pero que, según Cuervo, no aparece explícitamente en la Ley 278. El Gobierno argumenta en su decreto que esto es una "traducción operativa de mandatos constitucionales en reglas técnicas verificables" para reducir desigualdad. La pregunta que hace Cuervo es incómoda: ¿el Consejo pidió que agregaran criterios adicionales o pidió que usaran lo que la ley ya establecía?

Hay otro detalle que complica las cosas. Cuervo señala que el Gobierno se quedó con un 23,7% en los papeles, aunque el aumento real frente al salario anterior es 23%. "Ellos se quedaron con el 23,7 que nunca existió porque siempre el porcentaje ha sido 23", afirma. También cuestiona que el Ejecutivo se haya apoyado en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo como si fueran mandatos vinculantes. "En el mejor de los eventos son recomendaciones u opiniones", dice, subrayando que la OIT no puede dar órdenes a los países. Para Cuervo, incluso aplicando correctamente esas directrices, el mínimo debería estar alrededor de 1.550.000 pesos, no en dos millones.

Ana María Valdivieso, otra abogada que analiza el caso, advierte que el país enfrenta algo completamente nuevo. Nunca antes se había suspendido un decreto de salario mínimo ni se había ordenado al Gobierno a fijar una cifra específica con criterios precisos. Eso significa que cualquier decisión del Consejo de Estado ahora sentará precedente para cómo se fijen estos aumentos en el futuro.

El tribunal tiene tres caminos. El primero es anular el decreto argumentando que aunque el Gobierno incluyó los parámetros de ley, añadió el componente de "salario vital" sin que esté expresamente en el artículo 8 de la norma, lo que cuestionaría su legalidad. El segundo es avalar la decisión, considerando que el Ejecutivo no desobedeció sino que complementó los criterios legales con mandatos constitucionales que están por encima. El tercero es un punto intermedio: aceptar que el procedimiento fue válido pero ordenar que el incremento se limite al 13,6% técnico o a un rango entre este y el 23%.

Mientras se resuelve, el salario mínimo de dos millones sigue vigente. Pero la controversia toca un punto crucial: qué tanta libertad tiene el presidente para interpretar órdenes de la corte cuando están en juego millones de bolsillos de trabajadores colombianos.