En un giro inesperado, el presidente Gustavo Petro pasó del anuncio de un empalme ordenado con el nuevo gobierno a impulsar acciones judiciales para frenar la posesión de Abelardo De la Espriella. Hace pocos días Petro había señalado en redes sociales que se retiraba para dar paso al presidente electo, pero este domingo cambió radicalmente de rumbo. "Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país, solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo", escribió el mandatario en su cuenta de X. El escenario que se abre es sin precedentes en Colombia: un presidente saliente intentando detener judicialmente la posesión de su sucesor.

El abogado y exmagistrado Luis Guillermo Pérez llevará la batalla al Consejo de Estado mediante una demanda de nulidad electoral. Lo que busca es conseguir que, de manera provisional, se suspenda la posesión mientras se resuelve el fondo del proceso. Para lograrlo, presentará varios argumentos. Uno de los principales se centra en la doble nacionalidad de De la Espriella: Pérez sostiene que el presidente electo conserva ciudadanía estadounidense, lo cual sería incompatible con la Presidencia según su interpretación constitucional. Además, la demanda cuestiona el uso del lenguaje durante la campaña, particularmente referencias al "tigre" y a su "manada", que Pérez considera discurso de intimidación política. También se argumentará supuesta intervención de actores extranjeros durante la campaña y presuntas anomalías en más de cien mesas de votación en el exterior que, según el exmagistrado, nunca fueron revisadas por las autoridades electorales.

La demanda va dirigida contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional, acusándoles de irregularidades en el proceso. Busca dejar sin efectos el formulario E-26 que oficializó la elección y, eventualmente, que se convoquen nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, la viabilidad jurídica de este intento es cuestionable. Aunque el Consejo de Estado tiene competencia para conocer demandas contra actos de elección presidencial, existe una enorme diferencia entre admitir una demanda para estudio y acceder a medidas cautelares que paralicen una posesión presidencial.

Según expertos consultados, las medidas cautelares buscan evitar daños irreversibles mientras se toma una decisión definitiva, pero en materia presidencial esto implicaría alterar el relevo institucional previsto en la Constitución. Por eso, el estándar de prueba y la gravedad de las irregularidades tendrían que ser excepcionalmente altos, algo que aparentemente no es el caso aquí. Además, estos procesos de nulidad electoral suelen extenderse durante meses e incluso años, lo que significa que históricamente los cuestionamientos a elecciones se han resuelto cuando los mandatarios ya estaban ejerciendo el cargo.

Con la posesión prevista para el 7 de agosto, el tiempo está en contra de quienes impulsan esta demanda. Todo indica que, aunque el caso avance en los tribunales, De la Espriella estaría ya en la presidencia cuando se tome una decisión de fondo. Esto deja una pregunta abierta: ¿cuál sería el alcance práctico de una sentencia que anule una elección cuando el presidente ya está gobernando?