La Fiscalía General de la Nación acaba de judicializar a dos hombres que habrían dirigido una organización delictiva enfocada en defraudar a ciudadanos mediante engaños de turismo y viajes. Los investigadores señalan que la banda logró estafar a más de 1.000 personas en Medellín, extrayendo de manera ilícita más de 14 mil millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, los dos procesados fueron identificados como Ruthber, señalado como presunto cabecilla de la estructura, y Jorman. La maniobra era sofisticada: ofrecían supuestas membresías turísticas, bonos y descuentos exclusivos para atraer a sus víctimas a oficinas que funcionaban como falsas agencias de viajes. Una vez allá, les pedían sus documentos de identidad, tarjetas bancarias y teléfonos celulares, argumentando que necesitaban verificar los beneficios. Lo que las víctimas no sabían es que otros integrantes de la red accedían a la información almacenada en esos dispositivos, abrían productos financieros a nombre de las personas engañadas y transferían dinero hacia cuentas que controlaba la organización.

Lo más preocupante es que los investigadores encontraron que la banda tenía un perfil claro de víctimas: adultos mayores, personas con limitaciones visuales o cognitivas y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Todo indica que deliberadamente los seleccionaban porque eran más propensos a caer en el engaño.

Para desmantelar la operación, el Cuerpo Técnico de Investigación realizó 15 allanamientos en Medellín, La Ceja y Manizales. Durante los operativos incautaron computadores, discos duros, teléfonos celulares, bases de datos y otros elementos que ahora forman parte del material probatorio.

Ruthber y Jorman fueron imputados por concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación agravada de datos personales. Ninguno de los dos aceptó los cargos en su indagatoria. Un juez ordenó que Ruthber cumpliera medida de aseguramiento en prisión, mientras que Jorman quedó con detención domiciliaria. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta última decisión buscando que también sea enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.