En menos de tres años, el gobierno de Gustavo Petro ha acumulado un récord de reveses constitucionales sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Desde 2023 hasta abril de 2026, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han anulado o suspendido más de veinte normas expedidas por el Ejecutivo, afectando sectores fundamentales como la salud, las pensiones, la economía, las relaciones exteriores y la seguridad regional.

El primer gran golpe llegó en La Guajira. En julio de 2023, el presidente declaró emergencia económica y firmó catorce decretos legislativos. La Corte los tumbó todos, determinando que el gobierno intentaba resolver problemas estructurales acumulados durante décadas usando una herramienta que solo debería servir para crisis súbitas. Algunos de esos decretos ni siquiera guardaban relación con la emergencia: uno regulaba el espectro radioeléctrico, otro creaba una universidad, otro reactivaba el turismo. Según la columna publicada en Infobea, Petro respondió a esta decisión acusando a la Corte de "beneficiar al Cerrejón".

El patrón se repitió. En mayo de 2024 fue declarada inexequible la Ley que creaba el Ministerio de Igualdad, una cartera con presupuesto de 1,8 billones y 740 cargos que el Congreso aprobó sin hacer el análisis de impacto fiscal que exige la ley. Ese mismo año, mediante decreto prohibió exportar carbón a Israel, pero el Consejo de Estado suspendió la medida advirtiendo un daño financiero irreversible para un sector que genera 447 millones de dólares anuales. La reforma pensional también cayó bajo sospecha: en junio de 2025, la Corte suspendió la medida al detectar que la Cámara la aprobó eludiendo el debate parlamentario ordinario.

El capítulo del Catatumbo en 2025 mostró irregularidades aún más graves. La Corte anuló cinco decretos relacionados con la conmoción interior, algunos sin la firma de todos los ministros, requisito elemental que ordena la Constitución. Luego llegó el golpe más audaz: en diciembre de 2025, el gobierno expidió el Decreto 1390 buscando recaudar 11 billones por emergencia económica sin pasar por el Legislativo después de que el Congreso rechazara dos reformas tributarias. La Corte lo tumbó con una votación de 6 a 2, concluyendo que el Ejecutivo "se apropió de competencias de otras ramas" y "vulneró los principios democráticos y de separación de poderes".

Lo que emerge de este inventario, según el análisis de Puerto Rojas, no es simple torpeza jurídica. Es una concepción del poder que ve los decretos como atajo para evadir el debate democrático. Cuando el Congreso no aprueba, se decreta. Cuando la Corte tumba, se la acusa de sabotaje. El patrón es consistente: emergencia como pretexto, decreto como instrumento, y agresión institucional como respuesta al control constitucional.

La separación de poderes no es un obstáculo que entorpezca gobernar. Es la condición fundamental que distingue una democracia de un régimen autoritario. Un presidente puede tener toda la intención de transformar el país, pero si lo intenta sorteando las reglas del juego democrático, termina debilitando las instituciones que precisamente garantizan que sus decisiones tengan legitimidad y permanencia.