El gobierno del presidente Gustavo Petro sacó del escritorio cinco decretos en la noche del 24 de febrero para enfrentar la crisis desatada por las lluvias extraordinarias que azotaron varias regiones. La jugada es una mezcla de medidas fiscales, ambientales y productivas que tocarán el bolsillo de empresarios, cambiarán cómo funciona la contratación pública y alterarán la forma en que operan las compañías de electricidad.

Lo primero que duele es el dinero. El Decreto 0173 introduce un impuesto temporal al patrimonio (así se llama cuando el Estado cobra un porcentaje de lo que usted posee) dirigido a empresas y personas jurídicas con riqueza igual o superior a 200.000 UVT, que en dinero de hoy significa más de 10 mil millones de pesos. La mayoría pagará una tarifa del 0,5%, pero aquí viene lo importante: bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas extractivas como petroleras y carboníferas tendrán que desembolsar el 1,6%. Esta plata se cobrará en dos cuotas, en abril y mayo, y la promesa es que irá toda a reparar los daños.

El segundo decreto (0174) busca acelerar la compra de tierras a campesinos que perdieron sus predios en las inundaciones. El gobierno reporta que más de 176.000 hectáreas quedaron anegadas y decenas de miles de productores perdieron sus cosechas. Cuando el Estado compre estos terrenos para reubicar a los agricultores, quedará libre de deudas y embargos, así pueden usarlos de inmediato. También hay alivios financieros y reestructuración de deudas para el sector agropecuario.

Donde más han saltado las alarmas es en el Decreto 0175, que abre la puerta para que el Estado contrate directamente a empresas sin pasar por licitación pública, y sin respetar las restricciones de la Ley de Garantías (que normalmente prohíbe cambios administrativos grandes en años electorales). Además, los contratos pueden ampliarse hasta el 50% o más, siempre que estén relacionados con la emergencia. En otras palabras: menos transparencia, menos competencia, más poder discrecional.

El Decreto 0176 intenta proteger lo que más importa en una crisis: que los niños coman. Cubre el Programa de Alimentación Escolar para más de un millón de estudiantes, permitiendo que las raciones se entreguen en las casas si las clases presenciales se suspenden.

El Decreto 0177 tiene a las empresas de energía con el alma en la boca. Ordena un aporte adicional del 2% en sus ganancias para financiar la recuperación ambiental y obliga a cambios en cómo operan las represas. Esto impacta directamente en los costos de la electricidad que usted paga.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue honesto en admitir que los $8 billones que esperan recaudar podrían resultar insuficientes conforme crecen las afectaciones. En otras palabras: hay más sorpresas viniendo.