El Gobierno del presidente Gustavo Petro sacó del escritorio cinco decretos de emergencia para enfrentar los efectos devastadores de las inundaciones en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. El plan promete recaudar alrededor de $8 billones mediante nuevos impuestos, flexibilización de reglas contractuales y medidas de alivio para el campo. La pregunta que hoy ronda a analistas y sectores productivos es una sola: ¿de verdad todo ese dinero irá a reparar los daños de la crisis climática?

El corazón del paquete es un impuesto temporal al patrimonio que golpeará con fuerza a empresas grandes y medianas. Todas aquellas con un patrimonio superior a $10.474 millones deberán pagar una tarifa del 0,5%, pero los bancos, aseguradoras y petroleras pagarán casi el triple: 1,6%. Según el Ministerio de Hacienda, esto afectará a más de 15.000 empresas y se recaudará en dos cuotas durante abril y mayo de 2026. El problema es que organismos como Anif, una asociación de bancos e instituciones financieras, calcula que el gravamen podría traer el triple del dinero estimado: unos $13,4 billones en lugar de $8 billones. Para la economía real, esto significaría que las empresas pasarían de pagar el 29,8% de sus ganancias en impuestos al 35,5%, un salto que expertos advierten podría espantar inversiones en un país que ya batalla por atraer capital fresco.

La Contraloría General lanzó un dato incómodo: el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tendría disponibles $2,69 billones para la emergencia. Entonces, ¿por qué el Gobierno necesita recaudar $8 billones más? Esa pregunta ha abierto un debate sobre si el dinero nuevo irá realmente a reparar escuelas dañadas e infraestructura quebrada, o si terminará lubricando las finanzas públicas del Estado, que hoy anda apretado de dinero.

Para los campesinos afectados, el Gobierno preparó un paquete de alivios. El decreto de emergencia ordena a los bancos reestructurar automáticamente (sin que el productor tenga que pedir nada) las deudas contraídas antes de la emergencia. Además, creó el Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria dirigido a pequeños productores con créditos en el Banco Agrario: podrán recibir un perdón de hasta $12 millones por persona para cancelar el 95% de su deuda, mientras que los procesos de cobro contra campesinos quedarán congelados por seis meses. Las inundaciones arrasaron más de 176.000 hectáreas de tierra productiva y pusieron en riesgo tanto la alimentación del país como la capacidad de pago del campo.

La contratación sin licititar también entró al juego. El decreto permite a las entidades públicas contratar directamente sin los trámites habituales de licitación pública y sin la Ley de Garantías (esa regla que restringe gasto antes de elecciones). Además, habilita ampliar contratos más allá del límite del 50% que normalmente permite la ley. Analistas ven con preocupación esta flexibilización porque ocurre en medio de un año electoral.

Para mantener a los estudiantes alimentados, el decreto autoriza que raciones del Programa de Alimentación Escolar se entreguen para preparar en casa si llega a suspenderse la presencialidad. Más de un millón de niños en zonas afectadas dependen de este programa, y si cierran las escuelas por daños, el riesgo de que queden sin comida es real.

Finalmente, las generadoras de energía hidroeléctrica y térmica que operan en cuencas dañadas deberán transferir un 2% adicional de sus ventas al Estado durante seis meses. Esto subiría el aporte de las hidroeléctricas del 6% al 8%, y de las térmicas del 4% al 6%. El sector eléctrico, representado por Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió que esto podría trasladarse a las facturas de los usuarios finales con un costo adicional cercano a $330.000 millones entre impuestos y transferencias ambientales.