El presidente Gustavo Petro llegó hasta Cubará, en Boyacá, para participar en un acto público donde el Estado reconoció su responsabilidad en los daños históricos causados al pueblo indígena U'wa. La actividad cumplía una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en julio de 2024, que condenó a Colombia por violar los derechos territoriales, ambientales y culturales de esta comunidad. Pero en ese mismo escenario, el mandatario aprovechó para disparar contra una decisión que, a su juicio, es un obstáculo monumental para su agenda de transformación rural.

Lo que encendió al presidente fue un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que limita las funciones de la Agencia Nacional de Tierras. Según Petro, la decisión judicial traslada la resolución de conflictos sobre baldíos (terrenos que pertenecen a la nación) al poder judicial en doble instancia, lo cual, en la práctica, significa congelar cualquier avance en reforma agraria. "La Corte Suprema ha cerrado hoy el camino de la reforma agraria", afirmó el mandatario, recordando que todas las leyes colombianas históricamente habían reconocido a la Agencia Nacional de Tierras como la entidad competente para resolver estos asuntos por vía administrativa.

Para Petro, el verdadero impacto de esta sentencia es mucho más grave. Argumentó que trasladar estos conflictos al poder judicial perpetúa el despojo histórico sufrido por campesinos, indígenas y afrodescendientes. "Lo que dice hoy la Corte Suprema es que por años, quizás por décadas, por generaciones, se impide que el gobierno recupere esas tierras del narcotráfico para que pasen al poder del campesinado y de las comunidades indígenas y afrodescendientes", expresó el jefe de Estado.

El presidente fue contundente al vincular la decisión judicial con los intereses del crimen organizado. Señaló que en las últimas décadas, narcotraficantes armados han despojado tierras de la nación y desatado una ola de violencia con más de 200 mil asesinatos. La sentencia de la Corte Suprema, a su criterio, favorece a quienes han perpetrado este despojo al obstaculizar la recuperación estatal de esos territorios.

Ante esto, Petro hizo un llamado urgente a abogados y abogadas de derechos humanos para que emprendan acciones inmediatas contra el fallo. También instó a la Corte Constitucional a intervenir a favor del campesinado y los pueblos indígenas, dejando clara su intención de buscar todas las vías posibles para revertir la decisión.

En cuanto al caso U'wa, el Estado debe cumplir varios compromisos. Además del acto de reconocimiento realizado el 14 de mayo de 2026, debe avanzar en la restitución y saneamiento territorial de la comunidad, permitir que los U'wa coadministren el Parque Nacional Natural El Cocuy, reparar daños ecológicos causados por el Oleoducto Caño Limón-Coveñas y constituir un fondo económico de más de un millón de dólares para proyectos de educación, salud y cultura de la comunidad indígena.