Después de días de señalamientos desde el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia salió a aclarar la cancha. A través de un comunicado, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural negó categóricamente que esté intentando frenar la reforma agraria que impulsa el presidente Gustavo Petro. "La adjudicación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras no ha sido cuestionada, de manera alguna, por esta Corte", aseguró la corporación en su misiva, dejando claro que no se opone a la entrega de tierras.

Lo que preocupa a los magistrados es otro asunto. Según su análisis, los procesos posteriores a esa entrega de tierras, como la recuperación de baldíos ocupados irregularmente, la revocatoria de adjudicaciones o la reversión de terrenos ya entregados por el Estado, no pueden quedar solo en manos de autoridades administrativas. Para la Corte, estas decisiones afectan derechos muy profundos de campesinos y comunidades, y por eso exigen que sean revisadas por jueces agrarios especializados. "Se trata de actuaciones que, por su naturaleza y efectos, inciden de manera directa y definitiva en derechos subjetivos y situaciones jurídicas consolidadas, por lo que es obligatorio un control judicial pleno, oportuno y especializado", señaló la corporación.

El tribunal también pidió que el proyecto de ley defina con claridad cuáles asuntos corresponderán al Consejo de Estado y cuáles a la nueva jurisdicción agraria. Para la Corte, esto es fundamental porque evita que los tribunales se pisen los talones cuando resuelven conflictos sobre tierras rurales. "La precisión sobre la competencia fortalece la identidad y autonomía de la Jurisdicción Agraria y Rural", concluyó la Corte, enfatizando que cada ciudadano tiene derecho a saber de antemano quién va a resolver su caso y bajo qué reglas.