El gobierno enfrenta un pulso legal sobre uno de los cambios más agresivos en pensiones desde que comenzó el mandato de Gustavo Petro. El Ministerio de Trabajo prepara un decreto para trasladar en apenas 15 días más de 25 billones de pesos que 118 mil personas acumularon en fondos privados como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia hacia Colpensiones, el sistema público de pensiones. El argumento presidencial es directo: esto es permitido porque la reforma pensional que aprobó el Congreso está suspendida y, mientras eso sucede, siguen vigentes las antiguas reglas que permiten este movimiento.

Según Petro, la Corte Constitucional paralizó la reforma durante un año a través del magistrado Ibáñez, lo que la mantiene en suspenso. Bajo esa lógica, sostiene que la competencia entre sistemas de pensiones sigue activa y que los trabajadores que ya se pensionaron en Colpensiones tienen derecho a reclamar sus ahorros de los fondos privados para financiar su pensión mensual. "Es su derecho", escribió el presidente en su explicación pública. Agregó que la reforma pensional "normaliza una articulación tranquila y complementaria" entre los regímenes, evita su competencia y reduce el déficit fiscal, siguiendo un modelo llamado sistema de pilares que, según dijo, funciona en países como Holanda.

Sin embargo, la defensa del presidente enfrenta una objeción seria de expertos. El abogado Kevin Hartmann, doctor en Derecho especializado en pensiones, asegura que el decreto sería ilegal precisamente porque la Ley 2381 contiene un parágrafo en el artículo 76 que prohíbe expresamente este movimiento de dinero. En su lectura, los únicos artículos vigentes de la reforma son el 12 y el 76, y ambos impiden lo que el gobierno intenta hacer.

El punto de discordia está en un detalle técnico pero crucial: quién tiene razón sobre qué ley aplica en estos momentos. La reforma creó una "ventana de oportunidad" que permitió a colombianos que estaban a menos de 10 años de pensionarse (o ya en edad de retiro) cambiar de régimen si tenían mínimo 750 semanas cotizadas las mujeres o 900 semanas los hombres. Desde 2024, más de 118 mil personas aprovecharon esta ventana para trasladarse a Colpensiones. Pero aquí está lo complejo: aunque podían cambiar de sistema de forma jurídica, la ley establecía que el dinero debía seguir siendo manejado por el fondo privado hasta que se completara toda la pensión. El cambio era de papel, no de bolsillo. Ahora el gobierno quiere que ese dinero se mueva ya.

Petro insiste en que los fondos privados están en crisis. Afirma que tantos fondos privados como las EPS (empresas de salud) "quebrarán", y acusa al Congreso de haber frenado también la reforma a la salud, lo que agrava la situación. Señala que con el tiempo han aparecido EPS genuinamente quebradas y fondos privados que se "desangran" por la salida de cotizantes hacia Colpensiones. Su expectativa es que la Corte Constitucional apruebe finalmente la reforma pensional, lo que resolvería este limbo legal.

Lo que está en juego es si 118 mil personas pueden acceder ya a sus ahorros de forma expedita o si esos recursos deben permanecer donde están hasta que se cumpla todo el proceso de pensionarse. Para el colombiano promedio, la diferencia es simple: poder usar ese dinero ahora para financiar su vida después de trabajar, o esperar más tiempo mientras la justicia decide quién tiene la razón.