El presidente Gustavo Petro volvió a encender la alarma en el sistema de salud colombiano con un anuncio que suena más a promesa de campaña que a solución real. En el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo, le dijo a sus funcionarios que todas las EPS "que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera", advirtiendo que "ya no tenemos alternativas: el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato". El mandatario agregó que "sería un suicidio" para el país "sacar $50 billones de deuda del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS". La amenaza deja en vilo el futuro de unos 24 millones de usuarios que dependen de estas aseguradoras.

Lo primero que salta a la vista es la vaguedad de la propuesta. El investigador Giovanni Jiménez, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, explica que el concepto de EPS "quebrada" no existe en las leyes que regulan el sistema de salud. "Así como lo dijo, serían las que él considere que están quebradas, entonces terminará siendo algo subjetivo del Ejecutivo. Y si son las que tienen patrimonio negativo, ahí entran casi todas", aseguró. El exministro Alejandro Gaviria también cuestionó la falta de claridad: "Uno podría pensar que son las peores financieramente y las que están intervenidas, pero puede haber otros". Actualmente hay ocho EPS bajo intervención que atienden al 43,5 por ciento de la población.

Otro gran interrogante es adónde irían los millones de afiliados si se liquidan esas aseguradoras. Petro dijo que serían atendidos por "las EPS que queden", pero expertos advierten que esto agravará la situación. Las EPS restantes ya están financieramente quebradas: gastan entre 110 y 115 pesos por cada 100 que reciben en ingresos. Transferirles más población sin ajustar los pagos solo profundizaría la crisis. El antecedente es preocupante: cuando desapareció Saludcoop en 2016 con 5,2 millones de usuarios, fueron reasignados a Medimás y Cafesalud, ambas también desaparecieron después. "Eso replicado en las condiciones actuales sería un desastre de proporciones bíblicas", advierte un economista de la salud.

El anuncio genera pánico donde no debería haberlo. Cuando hay incertidumbre sobre si una EPS va a desaparecer, los hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos temen no recibir sus pagos. Esto los obliga a pedir anticipos y a ser más restrictivos con los servicios. Como dice Gaviria, "cuando se genera incertidumbre, los problemas aumentan inmediatamente". Los gestores farmacéuticos temen perder dinero si liquidación significa deudas incobrables. Cifras muestran que 44 EPS ya liquidadas dejaron debiendo 2,36 billones de pesos a 227 instituciones hospitalarias.

Mientras el Gobierno amenaza con liquidaciones que tardarian meses en ejecutarse, los pacientes siguen muriendo. Esta semana la Procuraduría confirmó que la muerte del pequeño Kevin Acosta, de 7 años, fue por negligencia de la Nueva EPS, que no entregó a tiempo su medicamento preventivo. Su caso dejó a otros 2.000 pacientes hemofílicos en riesgo vital. Días después, se conoció que Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años con leucemia, murió esperando desde octubre el medicamento Blinatumomab que necesitaba para su tratamiento. Tenía una orden judicial que obligaba a la EPS a suministrarlo, pero nunca la cumplió.

Legalmente el Gobierno sí podría liquidar las EPS intervenidas, pero el proceso es complejo. La Superintendencia de Salud tendría que justificar la decisión con un acto administrativo que detalle los incumplimientos, luego surtir un debido proceso que puede tardar varios meses. Además, cuando se liquida una EPS hay que establecer todas sus deudas con hospitales, clínicas y proveedores, y si los activos de la empresa no alcanzan, esas deudas quedan como "incobrables". Expertos coinciden en que el anuncio tiene sabor a campaña electoral. "Es una improvisación que tiene un intento por buscar culpables y construir un relato eficaz para decir que intentaron salvar el sistema, pero no los dejaron", dice Gaviria. Lo cierto es que amenazar con liquidar EPS no soluciona nada: empeora la crisis existente, desalienta a los prestadores de salud y deja más vulnerable a millones de colombianos que solo quieren acceso a medicinas y tratamientos que les salven la vida.