Lo que debería haber sido un triunfo legislativo en los últimos días del gobierno Petro terminó convirtiéndose en otra pelea entre la Casa de Nariño y el Congreso. La Ley Nuclear, aprobada unánimemente por el Senado el 10 de junio tras cuatro debates, se quedó atrapada en el trámite administrativo por una firma faltante: la del presidente del Senado, Lidio García Turbay.

El presidente no tardó en expresar su molestia en redes sociales. "Logramos tres firmas, pero falta la del presidente del Senado, Lidio García, que no ha firmado y no se sabe dónde está", escribió Petro en X. Pero más allá de reclamar por la demora, el mandatario subió el tono y sugirió intencionalidad política detrás de la ausencia. "A mí me sabotearon (...) y ahora sabotean el desarrollo de la energía nuclear en Colombia con fines pacíficos", afirmó en un mensaje extenso donde también vinculó este episodio con otros proyectos estratégicos de su administración.

La Ley Nuclear representa un hito para el país: crea por primera vez un marco regulatorio integral para el uso de tecnologías nucleares con propósitos pacíficos e instituye la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), que se encargaría de regular todas las actividades en este campo. Para el Gobierno, es clave impulsar la investigación científica, fortalecer capacidades tecnológicas y abrir puertas a nuevas opciones energéticas. Según Petro, la energía nuclear jugaría un papel importante en la transición energética y la descarbonización de América Latina.

García Turbay respondió al mismo día con un mensaje que dejó clara su posición. "El Presidente del Senado no es un funcionario subordinado al Ejecutivo ni está obligado a actuar al ritmo de las urgencias del Gobierno", escribió el dirigente liberal. El senador recordó que durante esta legislatura tuvo que sancionar varias leyes porque el Gobierno permitió que vencieran los plazos constitucionales. "Nunca acudí a las redes sociales para emplazar al Presidente de la República, porque respeto la separación de poderes y la dignidad de cada institución", subrayó, para concluir que "la separación de poderes no se proclama, se respeta".

El choque entre ambos personajes pone de relieve una realidad que ha marcado los últimos años de gobierno: la relación deteriorada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y aunque el conflicto se reduce a un trámite formal de firmas, deja temporalmente en suspenso una de las iniciativas más importantes aprobadas en materia científica y tecnológica.

De convertirse en ley, la norma permitiría a Colombia contar con una autoridad especializada para regular actividades nucleares en medicina, investigación, industria y, eventualmente, en energía. Por ahora, todo depende de que se complete el proceso de firmas necesario para que la iniciativa llegue finalmente al despacho presidencial antes de que termine este gobierno y se instale la nueva legislatura el 20 de julio.