A pocos meses de dejar la presidencia, Gustavo Petro enfrentó un nuevo revés judicial de proporciones mayúsculas. La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390, mediante el cual el Presidente había decretado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para enfrentar una crisis de liquidez en las finanzas públicas. Con esta decisión, la Corte no solo bloqueó esa medida específica, sino que cerró la puerta a una estrategia que el mandatario había utilizado para gobernar sin necesidad de mayorías en el Congreso.

El fallo, conocido como Sentencia C-075 de 2026 y redactado por el magistrado Carlos Camargo, fue contundente. Los jueces concluyeron que el Ejecutivo no probó la existencia de hechos "sobrevinientes, imprevisibles y graves" que justificaran recurrir a ese mecanismo excepcional previsto en la Constitución. La Corte señaló algo que suena obvio pero fue determinante: la falta de mayorías políticas en el Congreso no es algo repentino ni sorpresivo, sino un escenario "completamente previsible" en cualquier democracia. La crisis fiscal, agregó el tribunal, era un problema "estructural y progresivo" que debía enfrentarse con medidas ordinarias, no con decretos de emergencia que saltaban el debate legislativo.

El golpe llegó acompañado. En paralelo, la Corte suspendió provisionalmente el cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio que se cobraría el 4 de mayo de 2026. Este impuesto buscaba recaudar más de 8 billones de pesos de las 15 mil empresas más grandes del país. La decisión fue cerrada: seis magistrados la apoyaron, pero tres votaron en contra, lo que mostró las fracturas internas del tribunal.

Esta derrota se convirtió en la gota que rebosó el vaso de un gobierno que lleva años perdiendo batallas en la Corte. El Ministerio de Igualdad dirigido por Francia Márquez fue tumbado por vicios de procedimiento. La reforma pensional quedó congelada en la mayoría de sus artículos. Artículos clave del Plan Nacional de Desarrollo fueron declarados inconstitucionales, incluyendo las Asociaciones Público-Populares que permitían contratos directos con juntas de acción comunal. Hasta el modelo de cobro retroactivo de valorización fue anulado, desactivando proyectos viales en Cartagena y Barranquilla.

Petro respondió con una retórica cada vez más dura. Acusó a la Corte de haber "hundido el último intento genuino de regresar a unas finanzas sanas en Colombia" y afirmó que sus decisiones "encarecieron la deuda del país en billones de pesos", dejando al Estado "inerme" frente a la crisis climática. Con un lenguaje que mezcló lo social y lo confrontacional, el Presidente advirtió que la crisis "no la podía pagar ni un solo trabajador ni un solo pobre" y apuntó contra los grandes capitales. Sentenció que si los conglomerados financieros no querían pagar impuestos, "entonces no debían recibir ningún beneficio por parte del Estado".

El tribunal, mientras tanto, se consolidó como el principal contrapeso institucional del cuatrienio. Aunque también validó algunas medidas presidenciales, como la prohibición de deducir regalías del impuesto a empresas minero-energéticas (lo que salvaguardó 3,6 billones anuales según cálculos de la Universidad del Rosario), los fallos en contra dejaron un patrón claro: la Corte ha actuado como un freno a las iniciativas más ambiciosas del Gobierno.

La acumulación de derrotas llevó a Petro a radicalizar su postura. El mandatario comenzó a hablar de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y de movilizaciones para invocar el "poder constituyente primario" por encima de las sentencias. Era la señal de un gobierno que veía agotarse sus opciones legales mientras se acercaba el final de su administración.