José María Balcázar se convirtió esta semana en el octavo presidente que asume en Perú durante los últimos diez años. A sus ochenta años, el ahora mandatario deberá gobernar hasta el 28 de julio, cuando llegue quien gane las elecciones que tendrán su primera vuelta en abril. Si logra completar su misión, Perú habrá tenido casi un presidente nuevo cada año en la última década, algo que no se ha visto en América Latina en lo que va del siglo veintiuno.

La ironía de esta situación ha llegado al punto de inspirar el humor popular. La ilustradora peruana Mara Vizcardo publicó una viñeta donde su personaje Marafaka comenta: "Es que ya no sé cómo sentirme. He tenido más presidentes que pretendientes". Pero la realidad es mucho más seria. Estos cambios presidenciales acelerados han desatado protestas callejeras que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando decenas de muertos. Aunque el reemplazo de esta semana transcurrió sin violencia, muchos alertan sobre el rumbo de la democracia peruana.

Todo comenzó a derrumbarse en 2016. Ese año, Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones presidenciales con el margen más estrecho que Perú había registrado en décadas, pero el partido de su rival Keiko Fujimori tenía mayoría absoluta en el Congreso. Menos de dos años después, el Congreso logró derrocar a Kuczynski cuando enfrentaba escándalos de corrupción, incluyendo pagos de la constructora Odebrecht. Usaron para ello el artículo 113 de la Constitución, que permite la vacancia presidencial por "permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso".

Ese mecanismo, que existe desde hace décadas, se convirtió en una herramienta de control discrecional. El politólogo José Incio lo define como "una caja de Pandora" en las relaciones de poder. "Lo que estamos viendo desde 2016 hacia adelante es un Congreso súper empoderado: algunos le llamamos autoritarismo legislativo", señala Incio, profesor de ciencias sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. "Se perdió el balance entre poderes, y eso hace que las élites que están en el Congreso tengan esta maniobra casi sin control con respecto al Ejecutivo".

Desde entonces, la vacancia se ha usado una y otra vez. Martín Vizcarra fue destituido por "incapacidad moral" en 2020. Pedro Castillo corrió la misma suerte al año siguiente de ganar las elecciones de 2021, acusado de intentar un autogolpe tras anunciar la disolución del Congreso. Lo sustituyó su vicepresidenta Dina Boluarte, quien en octubre pasado también fue destituida por "incapacidad moral" en medio de una crisis de seguridad pública. El Congreso perdera su capacidad de controlarse a sí mismo: puede destituir presidentes con facilidad, pero los propios congresistas rara vez enfrentan consecuencias.

La debilidad de los partidos políticos ha empeorado todo. La desconfianza generalizada de la ciudadanía ha fragmentado el panorama político. Para las elecciones del 12 de abril hay 36 candidatos presidenciales registrados, pero ninguno supera el 15 por ciento de intención de voto en las encuestas. Tres de cada cinco peruanos evitarían confiarle las llaves de su casa a cualquiera de los postulantes, según una encuesta de Ipsos. Castillo pasó al balotaje de 2021 con apenas diecinueve por ciento de los votos.

Los expertos dudan que una reforma política solucione el problema. De hecho, muchas se han intentado en tiempos recientes sin resultados. El politólogo Carlos Meléndez señala que los peruanos han elegido a sus presidentes con un "antivoto", optando por Kuczynski y Castillo para evitar que ganara Keiko Fujimori. El verdadero obstáculo es que hoy parece improbable que los congresistas voten por reducir su propio poder. De hecho, advierten que el Legislativo se fortalecerá aún más este año cuando reabre el Senado, que fue eliminado hace treinta y tres años. La solución, según Meléndez, "depende del elector" y de su capacidad de encontrar entre más de ocho mil candidatos al Congreso a quienes no se dejen guiar por el error o la traición.