Perú vuelve a estar sin presidente. El Congreso acaba de remover a José Jerí tras una investigación fiscal, y con eso se completa un retrato bastante preocupante de la política peruana: en los últimos diez años han tenido ocho mandatarios, la mayoría forzados a salir antes de tiempo. Es un ciclo que comenzó en 2016 y que se ha vuelto casi normal en un país donde cambiar de presidente se convirtió en rutina.

El viaje de regresión empezó con Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en 2018 cuando el Congreso lo iba a destituir. Luego llegó Martín Vizcarra, removido en 2020. Después pasaron por el cargo Manuel Merino, que aguantó pocos días, y Francisco Sagasti para cerrar ese período. Ya en los años posteriores, Pedro Castillo fue destituido en 2022 después de anunciar la disolución del Congreso, asumió Dina Boluarte y fue removida en 2025. Ahora Jerí, que llegó como transición, apenas duró cuatro meses. El patrón es transparente: presidentes sin apoyo real enfrentados a un Congreso que tiene la llave para sacarlos cuando quiere.

La razón está en la Constitución peruana. Esa carta magna permite al Congreso declarar la vacancia presidencial por "incapacidad moral o física permanente". Esa frase amplia es el problema: "incapacidad moral" es lo suficientemente abierta para que los congresistas la interpreten como les convenga políticamente. Si el presidente pierde apoyo, si hay un escándalo, si se queda sin aliados en el Legislativo, allá va la votación de vacancia. Es una herramienta que cambió de ser algo excepcional a ser una amenaza constante, una forma de negociar, disciplinar o simplemente tumbar un gobierno.

Pero la norma por sí sola no cuenta toda la historia. Un Congreso fragmentado sin una mayoría clara obliga al presidente a gobernar con alianzas débiles. Cuando esas coaliciones se rompen, la salida por vacancia queda lista para usar. Los escándalos aceleran todo. En el caso de Jerí, una investigación preliminar fue suficiente para que el Congreso le atribuyera esa "incapacidad moral". En Perú, cuando el gobierno pierde legitimidad en el Congreso y en la calle al mismo tiempo, las renuncias y destituciones se encadenan rápido.

En Colombia el cuento es distinto. Aquí no existe un mecanismo igual a la vacancia peruana. Sacar al presidente antes de tiempo exige un juicio político de verdad: la Cámara de Representantes formula la acusación y el Senado conoce y decide. Son dos pasos que elevan el costo político y hacen el proceso más pesado y más visible. La consecuencia es práctica: no basta cualquier mayoría coyuntural para remover al jefe de Estado. El Congreso colombiano puede presionar, bloquear, citar y controlar, pero para sacar al presidente necesita un trámite que pesa más.

El espejo que nos debe importar a los colombianos no es el número de presidentes que cambian. Es lo que pasa cuando el Ejecutivo se queda sin mayoría y el Legislativo se convierte en el centro del poder. Perú muestra qué ocurre cuando la herramienta de remoción está a la mano y es fácil de usar. Colombia, con su diseño más complicado, desplaza ese conflicto a otros lados: coaliciones que colapsan, reformas que se estancan, batallas judiciales constantes y una gobernabilidad que se vuelve asunto de supervivencia día a día. El verdadero riesgo no es que aquí tengamos ocho presidentes en una década, sino que la política llegue a un punto donde los acuerdos básicos se desmoronen. Eso puede pasar en cualquier sistema.