La confirmación llegó como un golpe más para una región que ya no sabe cómo seguir. El Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que once menores de edad murieron en los combates que enfrentaron a grupos disidentes de las Farc en el departamento del Guaviare entre el 26 y el 27 de mayo. Entre ellas hay ocho niños y tres niñas cuyos nombres las autoridades mantienen en reserva para protegerlos, así lo exigen las normas de cuidado a la infancia.

Los enfrentamientos ocurrieron en Barranco Colorado, una zona rural de San José del Guaviare, donde se chocaron las estructuras armadas vinculadas a alias Iván Mordisco y alias Calarcá, dos de los principales cabecillas de las disidencias que operan en el sur del país. De las 48 personas muertas halladas, Medicina Legal ya logró identificar 43, mientras cinco cuerpos aún permanecen sin nombre. El trabajo de identificación se llevó a cabo en las sedes del organismo ubicadas en Bogotá, Villavicencio y Yopal, un proceso que refleja la magnitud de lo sucedido.

El Ministerio de Defensa no dudó en catalogar los hechos como una masacre e insistió en sus denuncias sobre cómo grupos armados ilegales reclutan a menores para engrosar sus filas en esta región. Es un patrón que se repite una y otra vez, transformando a niños en combatientes sin que tengan voz ni voto en el asunto.

La Defensoría del Pueblo, por su lado, encendió las alarmas frente a la crisis humanitaria que vive la población rural del Guaviare, atrapada entre los fuegos cruzados de estructuras ilegales que luchan por controlar territorios estratégicos. La vulnerabilidad de esas comunidades parece no tener fin, mientras los enfrentamientos continúan sembrando dolor en un departamento que merece paz.