La desaparición de Mateo Pérez Rueda sigue dejando un sabor amargo en el periodismo colombiano. El joven director del medio digital El Confidente de Yarumal, Antioquia, desapareció el 5 de mayo pasado cuando se dirigía a la vereda Palmichal para hacer reportería sobre la situación de orden público en la zona. Autoridades y organizaciones de derechos humanos sostienen que habría sido interceptado por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC, un grupo que opera en el norte antioqueño. El caso trascendió fronteras locales y despertó rechazo nacional, llevando a la Gobernación de Antioquia a ofrecer una recompensa por información sobre los responsables.

En Santa Marta, periodistas del gremio no se han mantenido al margen. Consultados por esta situación, sus reflexiones pintan un panorama desolador sobre lo que significa informar en Colombia hoy. Luis Fernando Iguarán, comunicador social, fue directo al señalar la vulnerabilidad del oficio. "El riesgo para los periodistas siempre ha existido, pero hoy es aún mayor porque no solamente están los grupos armados ilegales, sino también organizaciones criminales y delincuenciales que pueden tomar represalias por una información, una investigación o incluso una opinión", expresó. Según Iguarán, la polarización política ha abierto una puerta adicional al peligro: "Ya no se trata únicamente de actores ilegales. Cualquier persona, movida por fanatismos o posturas extremas, puede convertir a un periodista en objetivo. Estamos viviendo una situación bastante preocupante", afirmó.

Juan Alberto Guzmán Maciel, otro comunicador samario, contextualizó el problema desde una perspectiva histórica. En un país como Colombia, donde el conflicto es prácticamente constitutivo, el periodismo siempre ha implicado riesgos altos, especialmente en regiones como Antioquia, el Cauca o el Catatumbo. Pero Guzmán no solo señaló los peligros externos: también pidió reflexión sobre cómo se ejerce la profesión en tiempos de redes sociales. Recuperó la lección de maestros como Juan Gossaín, insistiendo en que "primero está la vida y no la chiva. Informar es importante, pero también lo es entender que no somos jueces ni fiscales", dijo. Para Guzmán, el Estado tiene una deuda: debe fortalecer las garantías que protegen el derecho a informar libremente.

Carlos Landazuri cerró el círculo de reflexiones con una postura más contundente. Calificó el caso de Mateo Pérez como una evidencia cruda del poder que aún mantienen los grupos armados en varias regiones. "Es inaceptable que en Colombia se siga asesinando periodistas y que continúe repitiéndose la historia de silenciar a quienes ejercen su labor de informar", expresó. Landazuri subrayó que la ausencia del Estado en territorios bajo control de estructuras ilegales es el caldo de cultivo perfecto para estos hechos. Cuando asesinan a un periodista, aclaró, "todo el gremio queda bajo amenaza porque se envía un mensaje de censura y temor contra quienes investigan y cuentan la realidad".

Lo que estos tres periodistas samarios dejan claro es que el caso de Mateo Pérez no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema que sigue fallando en la protección de quienes tienen la responsabilidad de contar la verdad. La desaparición de este joven reportero debe servir, según el consenso del gremio, como catalizador para una reflexión nacional urgente sobre cómo fortalecer la libertad de prensa en un país donde informar sigue siendo un acto de valentía.