Un escenario incómodo quedó en el aire durante el debate presidencial realizado el jueves pasado por EL COLOMBIANO, Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio. Los organizadores lanzaron una pregunta hipotética que dividió a los tres candidatos en el escenario: ¿qué harían si Estados Unidos solicitara la extradición de Gustavo Petro? Las respuestas revelaron visiones muy diferentes sobre cómo balancear la ley internacional con la soberanía nacional.

Paloma Valencia fue la que más se atrevió a matizar. Mientras sus colegas del centro político cerraban filas en torno a la dignidad presidencial, Valencia dejó la puerta abierta. Según ella, si se surten todos los trámites legales y existe "un acervo probatorio que muestra que el señor cometió un delito en el exterior", entonces habría que proceder. "Si uno jura defender la Constitución y la ley y cumplirla, pues si se surten todos los trámites y efectivamente hay un acervo probatorio que muestra que el señor cometió un delito en el exterior y tiene que responder por él, yo creo que hay que hacerlo", explicó. Pero no se quedó ahí. Valencia aclaró que su gobierno no sería un instrumento de venganza: "A mí no me gustan los Estados que utilizan el poder para perseguir políticamente. En mi gobierno no habrá ni persecuciones y habrá garantías para todos".

Para Claudia López, la respuesta fue más contundente. La exalcaldesa de Bogotá invocó la soberanía colombiana y la dignidad de la institución presidencial. "No. La dignidad presidencial se respeta, sea de Gustavo Petro, Álvaro Uribe o del que sea", afirmó. López fue clara: si un expresidente tiene cuentas pendientes con la justicia, debe responder aquí, en Colombia, donde la ciudadanía pueda monitorearlo. "Colombia es un país soberano, no una colonia", sentenció.

Sergio Fajardo llegó a la misma conclusión, pero con un tono más crítico hacia quienes planteaban la extradición como una promesa de campaña. Fajardo calificó esa posibilidad de "infamia" y reiteró que la institucionalidad colombiana es la única competente para juzgar a sus líderes. "El presidente de la República, nos guste o no, representa a Colombia y tiene que ser juzgado acá por los delitos que pueda cometer o no pueda cometer. Pero eso que se propone, no lo haría de ninguna manera", cerró.

La grieta quedó clara: mientras Valencia prioriza el cumplimiento de tratados internacionales y la ley vigente por encima del cargo de quien sea implicado, López y Fajardo argumentan que hay instituciones propias para procesar a los líderes políticos sin necesidad de entregarlos a otros países. Una diferencia de criterio que muestra cómo cada sector entiende la relación entre justicia, soberanía y dignidad presidencial.