Palantir Technologies no es una empresa cualquiera. Fundada en 2004 por Alex Karp, Peter Thiel y Max Levchin, los mismos creadores de PayPal, la compañía estadounidense se convirtió después del 11 de septiembre en proveedora clave de software de análisis de datos para el FBI, la CIA y agencias de inteligencia mundial. Hoy maneja tal volumen de información sensible que algunos analistas la ven como una de las corporaciones más influyentes en defensa e inteligencia global. La propuesta de traerla a Colombia abre preguntas incómodas sobre soberanía digital que no pueden ignorarse.

El atractivo es comprensible. Palantir puede optimizar ciberseguridad, detectar fraudes y potencialmente ayudar a ubicar criminales. En un país donde bandas criminales controlan territorios enteros, la tentación de usar herramientas tecnológicas sofisticadas es natural. Pero aquí viene el pero: si centralizamos las bases de datos de colombianos sin regulaciones estrictas, estamos jugando con fuego. La información sensible de ciudadanos podría terminar en manos de agencias extranjeras sin que autoridades colombianas ni siquiera se enteren. Incluso empleados del estado podrían ser perfilados sin control.

El riesgo es más real de lo que parece. Palantir ha sido criticada por no preocuparse lo suficiente por sesgos en sus algoritmos, lo que ha llevado a agencias estadounidenses como ICE a realizar detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. El profesor Helena Malikova, en un análisis de la Escuela Kennedy de Harvard, advierte que empresas como esta "obtienen beneficios procesando, analizando, almacenando y vendiendo información", creando lo que la teórica Shoshana Zuboff llama "capitalismo de vigilancia": un sistema donde la experiencia humana se convierte en materia prima para lucro corporativo oculto.

La pregunta de fondo es simple pero incómoda: ¿usaríamos Palantir solo contra criminales o terminaría perfilando opositores políticos, líderes indígenas y periodistas críticos? En países con instituciones débiles e institucionalidad polarizada como Colombia, esta preocupación no es paranoia, es prudencia. Sin cláusulas claras de soberanía digital, sin supervisión rigurosa sobre qué se hace con la información centralizada, abrimos la puerta a abusos.

La propuesta no es rechazar la tecnología. Es exigir que cualquier implementación de Palantir venga con protocolos de seguridad estrictos, garantías de que los datos no saldrán del país sin aprobación judicial, y supervisión clara de cómo se usa esa información. El presidente electo dice que gobernará para todos. Esa promesa solo es creíble si desde ahora establece límites claros: Palantir para perseguir bandidos, nunca para vigilar políticamente a ciudadanos.