Pacientes por Colombia, una organización que agrupa 202 asociaciones en el país, interpuso una denuncia penal contra el ministro de Salud Guillermo Jaramillo por presunto fraude a resolución judicial. La acusación es contundente: que el funcionario ha incumplido sistemáticamente las órdenes de la Corte Constitucional en temas que van desde la suficiencia financiera del sistema hasta los presupuestos destinados a servicios y medicamentos que no cubre la Unidad de Pago por Capitación, mejor conocida como UPC.

De acuerdo con los denunciantes, estas omisiones y decisiones administrativas han puesto en riesgo no solo la estabilidad del sistema de salud, sino el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos. Según Pacientes por Colombia, "el Ministerio de Salud habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado, como no expedir un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y establecer el valor de la UPC basándose en la inflación en lugar de en estudios técnicos completos". Los denunciantes citan para respaldar su acusación la sentencia T-760 de 2008 y varios autos posteriores de la Corte Constitucional emitidos entre 2023 y 2025.

Lo que agrava el panorama, según la denuncia, es que las mesas técnicas que la Corte ordenó para revisar la suficiencia de la UPC habrían funcionado más como formalidad que como espacios reales de deliberación. La denuncia afirma que hubo restricciones al acceso de información, exclusión de actores clave del sistema y decisiones que aparentemente ya venían predeterminadas por el Ministerio. Organizaciones de pacientes, gremios y otros actores del sistema han señalado públicamente que sus aportes técnicos fueron ignorados y que algunos voceros del ministerio dejaron ver en esas mesas su intención de no cumplir completamente las órdenes judiciales.

Esta denuncia llega en medio de una crisis que sacude al ministerio y al gobierno en general. El caso del pequeño Kevin Acosta, de siete años, que falleció siendo hemofílico, ha dividido las aguas entre lo que dice el Gobierno y lo que asegura su madre, Yudy Katherine Pico. El Gobierno, a través del ministro Jaramillo, ha enfatizado que los niños con hemofilia deben ser restringidos en actividades que generen riesgos de trauma y hemorragias. Jaramillo explicó que Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un accidente en bicicleta, estuvo hospitalizado tres días y luego fue trasladado en avioneta a Bogotá al hospital de la Misericordia.

Sin embargo, la madre del niño rechaza esta versión de forma contundente. Yudy Katherine Pico aseguró que "el niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída". Para respaldar su posición, citó ejemplos de personas con hemofilia que practican deporte de alto nivel, como el ciclista profesional británico Alex Dowsett, quien padece hemofilia A severa desde el nacimiento. "Hay mucha gente con hemofilia que participa en el Tour de Francia. Kevin podía montar en bicicleta", expresó la madre en entrevista con Blu Radio.

El ministro Jaramillo afirmó que el caso será investigado a fondo y que aguardan los resultados de la autopsia para aclarar qué sucedió exactamente con el menor. "No puede ser, presidente, cuando todo se está pagando a tiempo", expresó el funcionario en el Consejo de Ministros donde presentó su versión de los hechos. Esta respuesta gubernamental generó fuertes críticas y levantó aún más la polémica en torno al caso, especialmente después de que el presidente Gustavo Petro también se refiriera públicamente al tema, argumentando que la prevención en niños hemofílicos implica restringir actividades de riesgo.