Gobierno cierra la puerta a la minería en Sierra Nevada: protege 1,5 millones de hectáreas

El Ministerio de Ambiente prohibió de manera definitiva nuevas explotaciones mineras y de petróleo en la Sierra Nevada de Santa Marta, abarcando 1,5 millones de hectáreas. La medida responde a una solicitud de los cuatro pueblos indígenas de la región y busca proteger las fuentes de agua que alimentan a Magdalena, Cesar y La Guajira. El Gobierno enfatizó que la decisión no afecta la agricultura, ganadería ni el turismo de la zona.
El Gobierno Nacional cerró definitivamente la puerta a nuevas operaciones mineras y petroleras en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con una resolución del Ministerio de Ambiente, la administración protegió 1,5 millones de hectáreas de este ecosistema estratégico, haciendo permanente una medida que en marzo había sido temporal sobre menos territorio.
La decisión responde directamente a una solicitud que presentaron en febrero los cuatro pueblos indígenas de la región: los Wiwa, Kogui, Kankuamo y Arhuaco, organizados a través del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas. Para ellos, esta protección es fundamental porque la Sierra Nevada no es solo su territorio ancestral, sino que de sus montañas nacen anualmente más de 10.000 millones de metros cúbicos de agua. Este recurso es vital para los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, que dependen de estas fuentes hídricas.
A partir de ahora está prohibido otorgar nuevos títulos mineros, licencias para exploración o explotación de hidrocarburos, o cualquier permiso de extracción mineral en la reserva. Sin embargo, la ministra Irene Vélez Torres aclaró que esto no significa que la región vaya a estancarse económicamente. Según explicó, la resolución permite que continúen funcionando las actividades agrícolas, ganaderas y agropecuarias tradicionales de los campesinos y empresas rurales.
Además, el Gobierno busca impulsar lo que llama "economías para la vida": proyectos de turismo sostenible, ecoturismo y turismo comunitario que valoren la riqueza cultural de la Sierra. Las obras de infraestructura que necesita la región tampoco quedan restringidas, como construcción de vivienda, escuelas, centros de salud, vías y sistemas de agua potable y alcantarillado.
El Ministerio también dejó claro que los derechos de propiedad privada no se vulneran con esta medida, ni se frena la formalización de tierras ni la constitución de zonas de reserva campesina. Lo que sí respeta la resolución es el gobierno propio de las autoridades indígenas en sus resguardos, manteniendo intactas sus competencias y autonomía.
Fuente original: Seguimiento

