Después de años intentando resolver la situación a través de instancias nacionales, Pacientes Colombia decidió llevar su caso al escenario internacional. La organización fue escuchada por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C., donde expusieron lo que consideran es una verdadera crisis humanitaria en materia de salud.

Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez encabezaron la delegación que presentó un informe técnico de más de 80 páginas con datos concretos sobre el deterioro del sistema. El documento detalla cómo la deuda del sector creció de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026, mientras más de 400 medicamentos están desabastecidos y al menos 40 instituciones de salud han cerrado en los últimos dos años.

"Estamos ante un genocidio silencioso", afirmó Denis Silva durante la sesión. Explicó que "los pacientes crónicos y los médicos están siendo sacrificados por una fuerza ideológica que prefiere destruir el sistema antes que financiarlo. Esta crisis no es técnica, sino una decisión política que está costando vidas colombianas. Que el mundo lo sepa: en Colombia, el derecho a la salud se ha convertido en una lotería de supervivencia".

El informe presentado también revela cifras alarmantes sobre la situación judicial. Las acciones de tutela (demandas para proteger derechos) relacionadas con salud aumentaron un 92 por ciento, mientras que los incidentes de desacato contra órdenes judiciales se incrementaron en 144 por ciento. Entre 2022 y 2025 creció un 41 por ciento el número de peticiones y quejas presentadas, evidenciando cómo los colombianos acuden desesperadamente a los juzgados cuando no encuentran soluciones en el sistema.

Un aspecto crítico del caso es que el Gobierno habría incumplido órdenes de la Corte Constitucional. La Corte ordenó reajustar la UPC (Unidad de Pago por Capitación, el dinero que reciben las aseguradoras por paciente) pero supuestamente retrasó la transferencia de 819.000 millones de pesos que fueron ordenados judicialmente. Linda Castro, vocera jurídica del movimiento, es clara en su conclusión: "El Gobierno desacata las órdenes judiciales y viola los principios de progresividad y prohibición de regresividad consagrados en el Protocolo de San Salvador. Lo que vive Colombia es una responsabilidad internacional del Estado por omisión: tiene los recursos y la orden judicial, pero ha decidido usar la salud como moneda de presión política".

Las consecuencias golpean a poblaciones particularmente vulnerables. Hay más de 5,5 millones de personas con diabetes, 750.000 pacientes oncológicos, 190.000 con VIH, 150.000 en diálisis, 100.000 con enfermedades huérfanas y 30.000 trasplantados. Néstor Álvarez, representante de Pacientes de Alto Costo, fue tajante: "Para un paciente con trasplante o enfermedad rara, la interrupción del tratamiento es una sentencia de muerte".

El movimiento solicitó a la Comisión Interamericana una visita oficial a Colombia y la elaboración de un informe sobre la regresión del derecho a la salud. La iniciativa tiene respaldo internacional, incluyendo el de la Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú, quien ha expresado su apoyo a que se reconozca a los afectados como víctimas y se garantice un acceso digno y equitativo a los servicios médicos.