La crisis del sistema de salud colombiano se profundiza con un nuevo enfrentamiento entre los funcionarios encargados de administrar las EPS que están bajo intervención estatal. Jorge Iván Ospina, quien dirige Nueva EPS como interventor, respondió de manera desafiante a la solicitud de renuncia formulada por Daniel Quintero, recién nombrado superintendente de Salud. "La renuncia me la pide Petro, no Quintero", afirmó Ospina, dejando clara su posición de que solo el presidente podría exigir su salida del cargo.

El nuevo superintendente había anunciado una evaluación exhaustiva de todos los agentes interventores de las EPS bajo control del Gobierno. Quintero señaló que analizaría sus gestiones considerando indicadores como la respuesta a peticiones de los usuarios, entrega de medicamentos, manejo financiero y capacidad administrativa. "He solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR", manifestó el superintendente en su momento. Sin embargo, Ospina argumentó que cambiar a los interventores en medio de una crisis administrativa profundizaría los problemas.

El conflicto llega en el peor momento posible para el sistema. La Contraloría General de la República acaba de publicar un informe devastador que documenta un "deterioro crítico y sostenido" de las EPS intervenidas. El diagnóstico es grave: las medidas adoptadas por la Superintendencia no solo no han estabilizado estas entidades, sino que han permitido que sus problemas financieros y administrativos se agravaran considerablemente.

Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,6 millones de afiliados, presenta la situación más preocupante. Según la Contraloría, la entidad carece de estados financieros certificados para 2024 y 2025, lo que impide verificar la veracidad de su información contable. Aún más inquietante es el faltante de 4,9 billones de pesos en reservas técnicas, más otros 13,6 billones en anticipos que aún no se legalizan. Estas cifras revelan una desorganización financiera profunda que directamente afecta a hospitales, clínicas y prestadores de servicios médicos.

El problema no se limita a Nueva EPS. La Contraloría también documentó crisis severas en otras aseguradoras intervenidas como Coosalud, Famisanar, Savia Salud y Emssanar. En el caso de Coosalud, los pasivos (deudas) prácticamente se cuadriplicaron, pasando de 1,88 billones a 6,34 billones en un año. Famisanar, por su parte, sumergió aún más su patrimonio en números rojos, llegando a los -3,3 billones de pesos al cierre de 2025.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra concluyó que las intervenciones administrativas no están logrando su objetivo de rescatar financieramente estas empresas. El resultado es que las deudas crecen sin control, la atención se deteriora y el sistema completo se tambalea. Con esta realidad documentada, la pugna entre Ospina y Quintero refleja una verdad incómoda: nadie sabe cómo sacar adelante a estas aseguradoras que manejan la salud de millones de colombianos.