La muerte de Miguel Uribe Turbay continúa siendo materia de disputa política en Colombia. Esta semana, el senador del Centro Democrático Andrés Forero sacudió el debate al desempolvar un viejo mensaje del presidente Gustavo Petro, publicado el 7 de junio de 2025, pocas horas antes del atentado. El trino decía simplemente "¡No pasarán!". Aunque Forero no añadió mayor explicación al compartirlo, el gesto fue claro: señalar una posible conexión entre las palabras presidenciales y lo que vendría después.

El contexto que rodea esta reaparición del mensaje es delicado. Según revelaciones de la revista Semana, alias "El Viejo", quien fue condenado por participar en el magnicidio, confesó ante la Fiscalía que la orden de ejecutar a Uribe Turbay habría salido de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc. Esta confesión ha reabierto preguntas incómodas sobre quiénes realmente estuvieron detrás de las decisiones que llevaron al crimen y cuál fue el contexto político exacto en el que sucedió.

La reactivación del trino de Petro por parte de Forero, quien se ha posicionado como una de las voces más relevantes de la oposición en el Congreso, ha alimentado nuevas interpretaciones. Sectores críticos del gobierno ven en el mensaje presidencial un elemento que, según ellos, requiere análisis más profundo. Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha intensificado sus llamados para que se identifique a los "instigadores" del crimen, aunque el senador Iván Cepeda Castro le ha pedido que sustente sus acusaciones ante la justicia.

La senadora Paloma Valencia también se sumó a las críticas, calificando la confesión como "tenebrosa" y sugiriendo que existen responsabilidades políticas aún sin esclarecer. Las reacciones muestran una polarización clara: mientras unos buscan vincular al gobierno con el crimen a través de pistas indirectas, otros exigen pruebas concretas en lugar de señalamientos especulativos.

Las autoridades judiciales permanecen en su labor de verificar la veracidad de las declaraciones y establecer la cadena completa de responsabilidades. Lo que está claro es que este caso seguirá siendo un punto de fricción en la política nacional mientras no se esclarezcan definitivamente todos los aspectos de uno de los crímenes más significativos de la historia política reciente del país.