La Organización de las Naciones Unidas levantó la voz esta semana contra propuestas legislativas israelíes que buscarían imponer la pena de muerte obligatoria a palestinos en circunstancias específicas. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió directamente a las autoridades israelíes que retiren estos proyectos de ley que están siendo debatidos en la Knéset, el Parlamento israelí.

Los proyectos contemplarían modificar la legislación militar en Cisjordania ocupada para obligar a los tribunales militares a imponer pena de muerte en casos de homicidio intencional. También incluyen cambios al Código Penal israelí para introducir la pena capital en casos de asesinato de ciudadanos israelíes catalogados como actos terroristas. El problema, según Türk, es que el lenguaje de estas leyes usa definiciones vagas y excesivamente amplias para delitos como "terrorismo, racismo u hostilidad hacia el público", lo que abre la puerta a aplicaciones discriminatorias.

Türk fue categórico en su rechazo: "Cuando se trata de la pena de muerte, las Naciones Unidas son muy claras y se oponen a ella en todas las circunstancias. Es profundamente difícil conciliar este castigo con la dignidad humana y conlleva el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes". El Alto Comisionado señaló que estas medidas violarían el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, particularmente porque establecen sentencias de muerte obligatorias que no dejan margen a los jueces para tomar decisiones basadas en cada caso.

Lo más preocupante para la ONU es que estas propuestas serían aplicadas exclusivamente a palestinos, reforzando un carácter discriminatorio. Además, Türk alertó sobre la posibilidad de aplicar estas leyes de manera retroactiva a personas condenadas por hechos relacionados con los ataques del 7 de octubre de 2023, lo que violaría principios fundamentales del derecho internacional. El organismo también advirtió que negar a los palestinos derechos a un juicio justo podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario.

En paralelo, la situación humanitaria en los territorios palestinos se agrava con el invierno. Las organizaciones humanitarias reportan que más de un millón de personas en Gaza, aproximadamente una de cada dos, requiere asistencia urgente para alojamiento. Cientos de miles de palestinos viven en tiendas improvisadas dañadas por la lluvia y el viento, o en edificios afectados por el conflicto que corren riesgo de colapso. Aunque se han distribuido miles de tiendas y materiales desde que entró en vigor el alto el fuego, las condiciones climáticas han profundizado necesidades ya extremas.

La ONU también expresó preocupación por medidas israelíes recientes para restringir o dar de baja organizaciones no gubernamentales internacionales. Estas entidades proveen servicios esenciales de salud, agua, saneamiento y nutrición en Gaza, siendo fundamentales especialmente durante los meses de invierno. En Cisjordania, la destrucción continúa en campamentos de refugiados como Nur Shams, donde se reporta la demolición de viviendas que han desplazado a aproximadamente 70 familias más, sumándose a los miles desplazados durante el último año.