La huelga en la Electrificadora de Santander (ESSA), filial de la empresa pública EPM, completa hoy ocho días sin que trabajadores y directivos logren sentarse en un acuerdo que resuelva el conflicto. A pesar del paro que comenzó el 20 de febrero, el suministro eléctrico en Santander ha continuado sin interrupciones, lo que significa que los hogares y negocios del departamento siguen recibiendo corriente normalmente.

Sin embargo, el drama laboral escala. El Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) ha denunciado que ESSA canceló de manera unilateral más de 250 contratos de empleados que participan en la protesta. Según Juan Carlos Terán, presidente de Sintraelecol en Bucaramanga, la mayoría de los despedidos son personas que estaban a pocos años de jubilarse y mujeres que son el único sustento económico de sus familias. Esta medida ha agudizado la tensión en una negociación que ya estaba tensa de por sí.

Otro punto de fricción es lo que el sindicato considera un incumplimiento de promesas. En las mesas técnicas previas se acordó que durante la huelga solo se realizarían mantenimientos correctivos (reparaciones de daños existentes), no preventivos (trabajos anticipados para evitar futuros problemas). Sintraelecol asegura que ESSA está programando mantenimientos preventivos que causarían cortes de energía en distintos sectores del departamento, violando lo pactado y afectando a la ciudadanía de manera innecesaria.

El origen de la huelga está en desacuerdos sobre garantías laborales, estabilidad en el empleo y respeto a los derechos sindicales. Los trabajadores piden mejores condiciones contractuales y seguridad en sus vinculaciones, mientras ESSA sostiene que sus decisiones responden a criterios operativos y financieros de la empresa.

Ante el estancamiento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, pidió públicamente que ambas partes cedan posiciones para encontrar una salida negociada. El funcionario también ha mencionado la posibilidad de recurrir a un tribunal de arbitramento, un mecanismo donde un tercero independiente impone una decisión si las partes no pueden acordar por sí solas. El sindicato ha solicitado además supervisión de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para garantizar que se cumplan los acuerdos pactados y se protejan tanto los derechos de los trabajadores como el acceso ciudadano a un servicio público esencial como la energía.