El anuncio de nuevos impuestos para financiar la atención de emergencias climáticas despertó un intenso debate entre expertos. Los decretos 0173 y 0177 de 2026 crearon un gravamen temporal al patrimonio para empresas y sociedades, además de un tributo especial del 2% a las generadoras de energía. El objetivo es recaudar cerca de 8,3 billones de pesos para enfrentar los efectos de las lluvias. Sin embargo, académicos, exfuncionarios y consultores tributarios cuestionan si estas medidas lograrán lo que prometen sin dañar la economía en el camino.

El problema principal gira alrededor de cómo está diseñado este impuesto al patrimonio. Las empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (unidad tributaria de valor, equivalente a dinero que la compañía dice tener) deberán pagar una tarifa de 0,5% en la mayoría de sectores, o de 1,6% si son entidades financieras o de extracción. Lo particular y lo que genera inconformidad es que el Gobierno tomará una "foto" de los estados financieros de cada empresa al primero de marzo de 2026 para determinar quién paga y cuánto, sin que las compañías hayan tenido tiempo para prepararse. Lisandro Junco, exdirector de la DIAN (la autoridad tributaria colombiana), explicó que se trata de "un impuesto muy extraño" porque mezcla una causación instantánea con características de un gravamen de período, lo que a su juicio vulneraría principios constitucionales. En otras palabras, el tributo viola la regla de juego que debería permitir a las empresas conocer con anticipación qué cargas fiscales enfrentarán.

El tiempo es otra presión. Las firmas tendrán apenas semanas para declarar y pagar en dos cuotas durante abril y mayo de 2026. Mauricio Salazar, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, advirtió que estas medidas basadas en mayor carga tributaria "podrían terminar afectando el crecimiento económico y las decisiones de inversión", especialmente cuando la economía crece de forma moderada. Paul Vásquez, socio de Planning Tax, añadió que los plazos cortos obligarán a muchas empresas a endeudarse para cumplir con la obligación, incrementando sus costos financieros en un momento económico ya desafiante.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, fue más contundente. Consideró que la medida resulta "tremendamente inconveniente" precisamente ahora, cuando Colombia enfrenta inversión extranjera descendente y resultados laborales poco favorables. Según su análisis, el impuesto es "antitécnico" y poco utilizado en el mundo, además de que el Gobierno habría podido redistribuir recursos del presupuesto nacional en lugar de crear nuevos tributos. Christian Quiñonez, exsubdirector de la DIAN, fue más lejos: afirmó que el paquete normativo equivale a una "minirreforma tributaria" adoptada mediante la emergencia económica, que genera doble imposición porque el patrimonio corporativo refleja el de los accionistas, quienes ya pagan impuestos similares.

La combinación de este gravamen patrimonial con el impuesto adicional a las generadoras de energía preocupa aún más a los analistas. Quiñonez advirtió que ambos tributos podrían reducir la disponibilidad de crédito y encarecer su costo, al obligar a las instituciones financieras a redirigir recursos hacia fines definidos por el Estado. Luis Fernando Calderón, director de Contaduría Pública en la Universidad de San Buenaventura, reconoció que el impuesto permite obtener financiación rápida, pero señaló que algunas empresas podrían aplazar inversiones o priorizar liquidez para cumplir con la obligación tributaria. El riesgo, según su análisis, aumenta si se suman otras iniciativas regulatorias, "ya que la acumulación de señales regulatorias podría generar mayor cautela empresarial y presiones sobre el crédito".

Todos los expertos coincidieron en un punto: mientras el Gobierno defiende la necesidad de actuar con rapidez, el verdadero desafío será equilibrar la urgencia fiscal con la preservación de la confianza empresarial. Para Salazar, la sostenibilidad fiscal "no solo depende del recaudo inmediato, sino de preservar las condiciones para el crecimiento, la inversión y la generación de empleo". El sector privado, por su parte, reconoce la necesidad de recursos para la crisis climática, pero considera que una mejor alternativa habría sido redistribuir presupuesto existente en lugar de introducir nuevas cargas tributarias que erosionan la confianza en los negocios.