Tras la declaratoria de emergencia económica por los desastres climáticos que azotaron regiones como Córdoba, Antioquia, La Guajira y Chocó, el Gobierno expidió cinco decretos para reforzar el recaudo nacional. Dos de ellos imponen cargas fiscales nuevas que ya tienen a empresas e inversionistas en pie de guerra: un impuesto al patrimonio para empresas grandes y un incremento en las transferencias ambientales del sector eléctrico.

El impuesto al patrimonio afecta a toda empresa con patrimonio líquido igual o superior a 10.474 millones de pesos. La tarifa será del 0,5 por ciento para la mayoría, pero sube al 1,6 por ciento para bancos y empresas extractivas. Lo curioso del tributo es que no grava lo que ganó la empresa este año, sino su riqueza acumulada al 1 de marzo de 2026. Las empresas deben pagar en dos cuotas: abril y mayo.

Juan David Velasco, especialista en impuestos de Baker McKenzie, explica que esto es como pedirle dinero en efectivo a una empresa por sus bienes, aunque no haya tenido ganancias. "Es un impuesto extraordinario que grava el patrimonio líquido fiscal de las personas jurídicas para financiar la emergencia. La medida traslada a empresas de mayor tamaño una fuente inmediata de recaudo basada en capital acumulado y no en los resultados del período, con impacto directo en la liquidez". Para traducirlo: si una empresa tiene maquinaria, edificios y dinero en cuenta por valor de 100.000 millones de pesos, aunque esté quebrando operacionalmente, debe pagar aproximadamente 500 millones en este nuevo impuesto.

Pero el sector energético recibe un golpe adicional. Hidroeléctricas y plantas térmicas tendrán que entregar 2 puntos porcentuales más al Sistema Nacional Ambiental, lo que eleva sus contribuciones del 4 al 6 por ciento para las primeras, y del 6 al 8 por ciento para las segundas. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras estima que esto significa 70.000 millones de pesos adicionales solo por este concepto. Sumado al impuesto al patrimonio, que para el sector ronda 260.000 millones, alcanzaría los 330.000 millones de pesos. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advierte que "estamos volviendo a cargar las mismas empresas que ya tienen unas cargas tributarias muy altas", y señala que estos costos pueden trasladarse a la tarifa que pagamos en nuestras casas.

Los abogados tributarios cuestionan si esto es legal. Lisandro Junco, exdirector de la Dian, considera que el impuesto al patrimonio es inconstitucional en su diseño actual. Además, critica que la norma no excluya expresamente a instituciones sin ánimo de lucro, lo que significa que colegios y universidades también deberán pagar si su patrimonio supera los 10.474 millones. El sector salud sí quedó excluido, pero la educación no.

El sector asegurador también protestó, pero no por el impuesto al patrimonio sino por la tarifa especial del 1,6 por ciento que le asignaron. Las aseguradoras argumentan que ya pagan una sobretasa del 5 por ciento sobre renta y que en 2025 desembolsaron 27,6 billones de pesos en indemnizaciones por desastres. Fasecolda señala que la tarifa diferencial es "antitécnica y regresiva", y que la combinación de tributos ya acerca su tributación efectiva al 40 por ciento, muy por encima de lo que pagan aseguradoras en países de la OCDE.

Mientras estos sectores litiguen en los tribunales, el Gobierno espera recaudar recursos para reparar la infraestructura destrozada y atender la población afectada. Pero la pregunta que todos se hacen es si esos costos tributarios terminarán siendo asumidos por los usuarios de servicios básicos como energía, seguros y educación.