Diego Andrés Salcedo Monsalve ya tiene definido su nuevo reto profesional. El Gobierno Nacional lo designó como presidente de Fiduprevisora, la fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mejor conocido como Fomag. Esta entidad es crucial para los maestros colombianos porque financia tanto su atención médica como sus prestaciones sociales.

Salcedo reemplaza a Vanessa Gallego Peláez, quien se fue del cargo a mediados de abril mientras el magisterio estaba en paro nacional. Mientras se concretaba el nombramiento definitivo, el Gobierno dejó temporalmente a Rosa Dory Chaparro Espinosa, jefa jurídica del Ministerio de Hacienda, al frente de la fiduciaria.

El nuevo presidente llega con un perfil técnico sólido. Es abogado con maestría en Derecho y especialización en Regulación y Gestión en TIC y Telecomunicaciones. Acumula más de 15 años de experiencia profesional: pasó por la Rama Judicial entre 2008 y 2013, trabajó en el Ministerio de Hacienda como contratista hasta 2017, ocupó cargos en FONTIC y en el Viceministerio de Conectividad entre 2020 y 2024, y recientemente fue asesor del Departamento Nacional de Planeación.

Sin embargo, Salcedo Monsalve hereda una institución en crisis. Desde mayo de 2024, Fiduprevisora implementó un nuevo modelo de salud que eliminó a los operadores regionales y ahora contrata directamente con miles de prestadores en todo el país. Esta transición ha dejado secuelas: en departamentos como Antioquia, algunos prestadores han restringido servicios por disputas contractuales y retrasos en los pagos.

El panorama se agravó a mediados de abril cuando la Procuraduría General de la Nación requirió al Fomag y a Fiduprevisora para que rindieran cuentas sobre las fallas en la prestación del servicio. El ente de control alertó sobre el aumento en las quejas de afiliados, con problemas recurrentes en la entrega de medicamentos, la asignación de citas y la calidad general de la atención. Mientras tanto, Fecode, la federación del magisterio, ha exigido auditorías independientes ante denuncias de pagos irregulares y debilidades en la defensa jurídica del sistema.