Colombia acaba de estrenar un nuevo tributo que apenas cinco países en el mundo mantienen en vigencia. Se trata de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido mediante el decreto 0173 de 2026 dentro del marco de la Emergencia Económica, Ecológica y Social. Según un análisis del Centro de Pensamiento Económico (Anif), esta medida apunta a empresas con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 Unidades de Valor Tributario, lo que en números reales significa 10.475 millones de pesos.

La estructura del impuesto tiene dos velocidades. La mayoría de empresas pagarán una tarifa general del 0,5%. Pero aquí viene lo relevante para el bolsillo: el sector financiero y las empresas extractivas (minería principalmente) pagarán casi el triple: una tarifa de 1,6%. Además, la salud y los servicios públicos domiciliarios en zonas afectadas quedan exentos. Según los cálculos de Anif, el recaudo potencial asciende a 6,3 billones de pesos. De esa cifra, 4,1 billones provendrían de los sectores con la tarifa más alta, es decir, que dos de tres pesos recaudados salen de bancos y minería.

El problema es que este tipo de impuestos funcionan de manera distinta a lo que la mayoría piensa. Cuando el gobierno crea un gravamen sobre el capital acumulado, lo que hace es encarecerle a las empresas tener activos productivos. Tradúzcalo así: una empresa que quiere comprar maquinaria, construir una fábrica o expandir sus operaciones debe pensar ahora en este costo adicional. Según Anif, esto desincentiva la expansión empresarial justo cuando Colombia más la necesita.

Hay algo más grave. Colombia ya atraviesa una crisis severa de inversión. En 2015, la formación bruta de capital fijo (dinero que se destina a crear nuevos activos) representaba el 24% del Producto Interno Bruto. Para 2025 cayó a apenas 16%. Es decir, las empresas están invirtiendo menos, y un impuesto nuevo al patrimonio envía una señal al revés: "Colombia es menos atractivo para invertir". Los inversionistas extranjeros que analizan dónde poner su dinero verán este tributo diferencial y pensarán dos veces.

Anif destaca algo que suena como una paradoja: no es claro cómo este costo tributario específico está relacionado con la emergencia económica declarada. Traducido: la medida parece apuntar a sectores particulares, lo que algunos ven como una discriminación. "Medidas como estas deterioran la competitividad del país en la atracción de capital. Por el contrario, se debe avanzar en diseñar incentivos para la creación de activos productivos, que permitan impulsar el crecimiento de largo plazo", señaló la entidad.

En conclusión, el gobierno logra un recaudo importante en el corto plazo, pero el costo económico real puede ser mucho mayor. Cuando desalientas la acumulación de capital en un país que ya invierte poco, el daño se extiende hacia adelante: menos empleos, menos crecimiento y menos competitividad. Es el típico dilema fiscal: ganar dinero hoy puede significar perder más dinero mañana.