El Gobierno acaba de crear un impuesto extraordinario al patrimonio empresarial mediante el decreto 0173 de 2026. La medida surge de la emergencia económica causada por las inundaciones que afectan más de 60 municipios colombianos, y establece una tarifa del 0,5% para empresas con patrimonio superior a 10.474 millones de pesos, con una alícuota mayor de 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. La idea es recaudar 8 billones de pesos para atender la crisis. Pero hay un problema: los especialistas en tributación encuentran por lo menos cuatro defectos graves en este decreto que generan incertidumbre tanto jurídica como para la planificación empresarial.

El primer inconveniente es la falta de respaldo técnico para los números. Lisandro Junco, exdirector de la Dian, cuestionó que no hay garantías reales de que esos recursos se destinen exclusivamente a la emergencia. Más grave aún, el Ministerio de Hacienda plantea recaudar 8 billones, pero Junco advierte que "no ha presentado un estudio técnico, práctico o analítico que respalde esa cifra". El centro de estudios Anif fue más allá: estimó que el recaudo real podría superar 13 billones de pesos. Sin un cálculo claro de base, es difícil saber si el impuesto es proporcional a la necesidad real o si apunta a recaudar más de lo necesario.

El segundo problema es de diseño técnico y afecta directamente cómo se cobrará. El Gobierno intenta cobrar el impuesto como una "foto instantánea" del patrimonio empresarial al 1 de marzo, pero utiliza reglas típicas de impuestos que se miden durante todo un año. Pedro Sarmiento, analista tributario de la firma Crowe, explica que "el impuesto se liquida sobre un patrimonio determinado cuando muchas empresas aún no han cerrado ni aprobado definitivamente sus estados financieros de 2025". Esto abre espacios para que las empresas terminen pagando sobre cifras incompletas o provisionales. Junco va más lejos: considera que hay un vicio legal, porque la Constitución exige que los tributos tengan reglas precisas y claras sobre cuándo nace la obligación de pagar. De hecho, la Corte Constitucional podría revisar esto y frenar el cobro.

El tercer cuestionamiento es que el Gobierno no exploró otras opciones antes de crear un nuevo impuesto. Desde las regiones se propusieron alternativas como utilizar más de 6 billones de pesos en saldos sin ejecutar del Sistema General de Regalías. El Observatorio Fiscal de la Javeriana planteó que antes de gravar más, se debería considerar redistribuir gastos dentro del presupuesto o mejorar la eficiencia del gasto público. Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, ofreció alimentos, kits de agua y suministros. Pero el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo rechazó esa ayuda, diciendo "no es una ayuda que nosotros estemos solicitando". Junco critica esto: "Rechazan ayudas humanitarias internacionales provenientes de Estados Unidos y 20 billones de pesos parqueados de regalías".

Finalmente, está el impacto en las empresas. Las compañías ya pagan hasta 35% en impuesto de renta. Ahora deberán agregar este gravamen patrimonial. Para Fasecolda, la asociación de aseguradoras, el nuevo impuesto es "antitécnico y regresivo, además de apartarse de los estándares internacionales". El sector asegurador en particular ya enfrenta una sobretasa del 5% en renta, así que este gravamen adicional intensificaría su carga fiscal. Sarmiento señala que esto no es marginal. A diferencia del impuesto de renta que grava solo las ganancias, este tributo ataca el capital acumulado de las empresas. En un caso hipotético, una empresa con 300.000 millones de patrimonio pagaría 1.500 millones por la tarifa general, y 4.800 millones si está en sector financiero o extractivo. Con rentabilidades del 4%, la combinación de ambos impuestos podría absorber entre 47% y 75% de la utilidad. Eso puede terminar siendo un desincentivo para invertir en Colombia.