A nueve años de que la Corte Constitucional declarara el Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira, el Movimiento Indígena Nación Wayuu volvió a tocar la puerta de la justicia colombiana con un mensaje contundente: nada ha cambiado para los pueblos originarios. Esta denuncia llega en forma de informe especial de Derechos Humanos presentado ante la Corte y distintas instancias nacionales e internacionales, en referencia a la histórica Sentencia T-302 de 2017 que reconoció la violación masiva de derechos fundamentales del pueblo Wayuu.

El panorama que dibuja el informe es devastador. Según Nación Wayuu, las comunidades indígenas siguen muriendo de hambre y sed, consumen agua que no es segura para beber y encuentran barreras prácticamente infranqueables para acceder a servicios de salud, alimentación y lo más básico: agua potable. La organización denuncia además que las cifras oficiales sobre mortalidad infantil y desnutrición están maquilladas, ocultando la verdadera magnitud de la crisis humanitaria que vive el territorio.

Pero la tragedia no termina ahí. El informe documenta cómo, mientras el Estado habla de una "transición energética justa", numerosas comunidades Wayuu han sido desplazadas violentamente para dar paso a megaproyectos mineros y eólicos impulsados por grandes empresas. La familia de Moisés Jusayu fue expulsada de sus hogares para desarrollar proyectos eólicos vinculados a empresas como Enel, Ecopetrol y Grupo Energía Bogotá. La comunidad de Chimorotchi desapareció del mapa tras asesinatos, quemas de viviendas y desplazamientos forzados. En Luwopu, familias que fueron expulsadas hace tres décadas por la expansión minera de Cerrejón ahora enfrentan nuevamente el riesgo de extinción cultural y física.

Entre los casos más dolorosos está el del niño Simón Darío Laguna, de apenas nueve años, quien murió arrollado por un vehículo vinculado a operaciones de una empresa de energía eólica mientras buscaba agua a varios kilómetros de su casa. En materia de salud, la denuncia menciona personas que murieron esperando atención médica digna, como el señor Claudio Fernández Ipuana, quien padecía cáncer y se encontraba en grave estado tras irregularidades en su aseguramiento.

La organización también denuncia persecución sistemática contra líderes indígenas, defensores de Derechos Humanos y activistas ambientales, quienes enfrentan amenazas, criminalización y posibles montajes judiciales por denunciar violaciones.

"Mientras las multinacionales extraen miles de millones del territorio Wayuu, nuestros niños siguen muriendo de hambre y sed. Nueve años después de la Sentencia T-302, el Estado de Cosas Inconstitucional no ha desaparecido: hoy se ha convertido en una tragedia humanitaria permanente", señaló el Movimiento Indígena en su documento.

Nación Wayuu solicita con urgencia una audiencia pública nacional e internacional ante la Corte Constitucional, verificación independiente de las cifras reales de desnutrición y mortalidad infantil, y medidas inmediatas frente al riesgo de exterminio que enfrentan las comunidades indígenas del departamento.