En Nueva Esperanza, un barrio de Montería, decenas de familias llevan días sin energía eléctrica después de que se dañara un transformador. El problema que parecería técnico esconde una realidad mucho más compleja: una deuda acumulada que supera los 1.500 millones de pesos entre la comunidad y Afinia, la empresa prestadora del servicio.

La situación llegó a su punto crítico cuando representantes de Afinia, líderes del barrio y funcionarios de la Alcaldía se sentaron para buscar una solución. El encuentro, sin embargo, terminó sin acuerdos concretos. Según explicó la compañía, para reponer el transformador dañado es necesario que los habitantes paguen al menos lo correspondiente al consumo del último mes, una cifra cercana a los 35 millones de pesos. La propuesta cayó como un baldado de agua fría entre los vecinos, quienes aseguran no tener la capacidad económica para asumir ese monto.

Esta crisis no es algo aislado en Nueva Esperanza. Durante años, el barrio ha convivido con conexiones irregulares, redes eléctricas precarias y problemas serios de recaudo que terminan destrozando la estabilidad del servicio. Los habitantes se sienten atrapados: sin dinero para pagar deudas que consideran injustas, pero tampoco con acceso a un servicio básico que necesitan para vivir dignamente.

En medio de las conversaciones, Afinia hizo algunas promesas. Se comprometió a realizar censos de carga e inspecciones a las conexiones eléctricas en los establecimientos comerciales del sector, tras inquietudes de la comunidad sobre posibles irregularidades en el consumo que podrían estar inflando las facturas.

Lo que sucede en Nueva Esperanza refleja un problema que se repite en varios rincones del Caribe colombiano: comunidades vulnerables que luchan por acceder a servicios públicos estables, mientras las empresas insisten en la necesidad de garantizar su sostenibilidad financiera. Mientras esa pugna continúa, los vecinos siguen sin luz, esperando que en algún momento alguien encuentre el camino del diálogo que de verdad funcione.