La Nueva EPS, que asegura a cerca de 11,5 millones de colombianos, se encuentra en una situación tan delicada que expertos la comparan con una empresa zombi: técnicamente debería estar en quiebra, pero sigue operando mientras se hunde lentamente. Esta es la conclusión del análisis de Ricardo Ávila, columnista de El Tiempo, quien advierte sobre una de las crisis más graves del sistema de salud colombiano.

Los números son alarmantes. Con corte a marzo de 2025, la EPS acumula deudas por 21,4 billones de pesos. No existen estados financieros aprobados de los tres últimos años, lo que hace imposible conocer la verdadera situación de la entidad. Según la Contraloría, hay presuntas irregularidades relacionadas con represamiento de facturas sin auditar, aumento de cuentas por pagar y deficiencias en reservas técnicas. El ente de control ha advertido que esta tendencia refleja un desequilibrio entre ingresos y egresos que podría llevar a restricciones en la prestación de servicios.

El problema se agravó cuando la administración Petro tomó control de la EPS en 2024. Desde entonces se han designado cinco interventores en dos años, creando un caos administrativo que ha perjudicado principalmente a los usuarios. Proveedores de servicios y medicinas se niegan a trabajar con la EPS porque no les pagan, obligándolos incluso a exigir comisiones de hasta el 35 por ciento para procesar pagos. Casos como los de Kevin Acosta en Neiva, Jeisson Pinzón en Tunja y Silvio Perafán en Popayán murieron esperando medicamentos y atención que la EPS no pudo garantizar.

La reciente designación del exalcalde Jorge Iván Ospina como nuevo interventor genera pocas esperanzas. Según Alejandro Escobar, analista de Sectorial, el norte de la entidad ha cambiado de manera repetida, generando un traumatismo gigante en la prestación de servicios. Además, hay acusaciones sobre interventores anteriores que habrían cometido irregularidades, sin que se adelanten investigaciones.

Mientras tanto, la situación se deteriora. Entre junio de 2025 y febrero de 2026, la Nueva EPS ha perdido 248.000 afiliados que prefirieron trasladarse a otras aseguradoras. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, advierte sobre el riesgo sistémico: la expansión proyectada ocurre en paralelo con señales de salida por deterioro en el servicio. En un sistema en crisis con primas insuficientes, aumentar afiliados agrava la siniestralidad en lugar de fortalecerla.

El gobierno considera capitalizar la Nueva EPS con presupuesto nacional e incorporar millones de usuarios adicionales de otras siete EPS intervenidas, lo que resultaría en una concentración sin precedentes. Pero expertos cuestionan si las finanzas públicas pueden soportar una inyección billonaria de recursos con el riesgo de perderlos. Mientras tanto, el lío se patea hacia adelante, la bola de nieve crece y los millones de colombianos afiliados a esta EPS quedan cada vez más vulnerables, enfrentando la posibilidad de tener que pagar de su propio bolsillo los tratamientos que requieran.