Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia, se encuentra en una situación sin precedentes en el sistema de regulación colombiano. Desde la medianoche del 3 de abril, cuando expiró el decreto que prorrogaba su intervención forzosa, la aseguradora quedó en un vacío administrativo que genera alarma en todo el sector.

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación de Empresas de Medicina Integral (Acemi), exigió respuestas urgentes al Gobierno Nacional. En sus declaraciones del 8 de abril, Vesga fue contundente al describir la situación: la entidad está en un "limbo jurídico sin definición sobre su medida de intervención, pero también sin interventor". Lo preocupante es que Nueva EPS es responsable de la atención en salud de más del 20 por ciento del territorio nacional, representando el cuidado de 11.8 millones de afiliados.

La parálisis administrativa tiene consecuencias inmediatas para los usuarios. Vesga advirtió que "esta incertidumbre dificulta y profunda más las dificultades que ya tienen millones de usuarios que están viendo negaciones en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas y en autorizaciones médicas". Agregó que Nueva EPS no presenta estados financieros desde hace tres años y no reporta información al Ministerio de Salud sobre gastos y comportamiento de consumo.

En una entrevista concedida a LA FM, Vesga comparó la situación con un "titanic sin comandante". Explicó que la Superintendencia de Salud debe tomar una decisión: prorrogar la intervención, levantarla si se han resuelto los problemas que la originaron, o liquidar la entidad. "Ninguna de esas tres se ha producido a la fecha; entonces, estamos en el limbo", expresó.

Los números muestran un deterioro acelerado de la prestación. Entre enero y julio de 2025 se registraron cerca de 295,000 reclamos, cifra que superó los 518,000 al finalizar ese año, lo que representa un incremento cercano al 400%. La Defensoría del Pueblo reportó que más de 120,000 acciones de tutela permanecen sin ser procesadas en los canales oficiales de Nueva EPS, posicionándola como la entidad con mayor número de demandas en salud del país.

Ante este panorama, la Procuraduría General de la Nación intervino el 8 de abril. La procuradora Mónica Ulloa dirigió un oficio de ocho páginas a Luz Marina Múnera, superintendente ad hoc para Nueva EPS, solicitando documentación técnica que verifique si persisten las condiciones que justificaban la intervención forzosa. El organismo de control requiere respuesta en un plazo máximo de tres días e incluye análisis sobre manejo de información, anticipos, cuentas médicas, sistemas de contratación y vigilancia administrativa.

La incertidumbre también afecta a las demás EPS del país. Vesga advirtió que otras aseguradoras están recibiendo un traslado acelerado de usuarios ante el temor generalizado de una posible liquidación de Nueva EPS. Lo que comenzó como una intervención administrativa se ha convertido en una crisis sistémica que demanda decisiones inmediatas del Gobierno para proteger a millones de colombianos que dependen del sistema de salud.