Nueva EPS, la aseguradora más grande de Colombia, atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente. Desde la medianoche del 3 de abril de 2026, cuando expiró el decreto que prorrogaba su intervención ordenada por el Gobierno Nacional, la entidad quedó en un vacío administrativo sin precedentes. No está claro quién la dirige, bajo qué autoridad opera ni qué futuro le espera. Mientras tanto, más de 11.7 millones de colombianos dependen de una aseguradora que funciona sin una cabeza visible con poder de decisión.

El problema tiene raíces en fallos institucionales. La intervención de Nueva EPS, que comenzó en abril de 2024, fue prorrogada dos veces, pero este año no ocurrió ni su extensión ni su levantamiento formal. Para una segunda prórroga, la superintendente ad hoc debería enviar un concepto técnico al Ministerio de Salud, que a su vez expediría la resolución correspondiente. Eso nunca pasó. Cuando se consultó a distintas entidades del Estado, todas se deslindaron de la responsabilidad. La Superintendencia de Salud dice que es competencia de la superintendente ad hoc. El Ministerio de Salud afirma no tener información sobre una resolución. Y la superintendente ad hoc reportó estar fuera del cargo por razones médicas sin aclarar si dejó a alguien encargado. El resultado es un limbo jurídico total.

Esta situación se agrava porque la intervención no logró resolver la crisis estructural que aqueja a la aseguradora. Desde 2024, Nueva EPS no presenta estados financieros claros, lo que impide conocer su verdadera situación patrimonial. Solo entre enero y julio de 2025 registró cerca de 295.000 reclamos, y la cifra total para ese año superó los 518.000. Según la Defensoría del Pueblo, más de 120.000 tutelas permanecen sin abrir en los correos de la entidad, evidenciando graves fallas en su capacidad de respuesta.

La red hospitalaria sufre igualmente. Varias clínicas y hospitales han suspendido la atención a usuarios de Nueva EPS debido a deudas acumuladas. La cartera en mora con prestadores ya superaría los 5 billones de pesos, cifra que crece aceleradamente cada mes. Algunos hospitales han advertido sobre posibles cierres de servicios esenciales. El exministro de Salud Augusto Galán explicó la gravedad del momento: "Estamos en un escenario en el cual, como decía Horacio Cerpa, ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí tampoco. No se soluciona nada". Sin un interventor con plenas facultades, nadie tiene poder real para tomar decisiones estructurales que saquen a la entidad de su crisis.

La falta de información financiera confiable agrava todo. Nueva EPS no presenta balances desde septiembre de 2023, y ninguno de sus interventores posteriores —entre ellos Julio Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Polanía y Luis Óscar Gálvez— ha firmado estados financieros actualizados. Esta opacidad imposibilita saber si la entidad cumple requisitos mínimos como capitalización y solvencia financiera para funcionar. Galán advierte que sin esa información "no tenemos ni idea cuál es el estado financiero de la Nueva EPS, no tenemos una información clara ni mucho menos veraz".

Mientras la administración permanece en suspenso, el Gobierno guarda silencio sobre sus intenciones. No está claro si planea levantar la intervención, nombrar un nuevo gerente o continuar bajo otra figura. La mayor EPS del país, responsable de la atención en salud de cerca de una cuarta parte de los colombianos, permanece sin rumbo definido. Con ella, millones de usuarios quedan atrapados en una incertidumbre que va mucho más allá de lo jurídico: afecta directamente su derecho fundamental a la salud.